— Redacción Diario El Pueblo —

ECUADOR

En el 2022 y con menos del 30% de aceptación popular, el gobierno del presidente Guillermo Lasso convocó a un referéndum para modificar la Constitución y posibilitar -entre otros puntos- la extradición de ecuatorianos vinculados a organizaciones de delincuencia transnacional requeridos por otros países. Según indicó el gobierno, el objetivo era luchar especialmente en contra de las mafias de narcotraficantes.

La pregunta formulaba lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?”. El anexo al que se refiere la pregunta reformaba la constitución de 2008 para que mantenga la prohibición de la extradición pasiva “excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, tráfico de armas trata de personas, blanqueo del producto del delito”.

El referendo se celebró el domingo 5 de febrero de 2023 y el electorado votó en contra de las 8 preguntas planteadas. En la primera de estas, referente a la extradición, con un estrecho margen de 2 puntos, la opción negativa se impuso con un 51% de los votos. Esto frenó lo que muchos consideran una histórica posibilidad de que la justicia del Ecuador pueda habilitar la extradición de delincuentes solicitados por otros países en el cometimiento de delitos transnacionales, como el narcotráfico.

Más de 200 ecuatorianos han sido requeridos por otros países, principalmente por los Estados Unidos. De estos, el 40% es buscado por crímenes de narcotráfico y lavado de activos. La mayoría, el 60%, son buscados porque han cometido abuso sexual a menores, fraude o robo con muerte.

La extradición ha sido considerada como un mecanismo jurídico que permitiría que los delincuentes relacionados con crímenes como el narcotráfico sean juzgados en países donde les sea más complicado sobornar a jueces, fiscales u otros funcionarios judiciales. A pesar de esto, algunos expertos también consideran que es un mecanismo que, en la práctica, no contribuiría con el propósito principal: combatir las redes criminales transnacionales que se han instalado en el país.

Ecuador ha tenido una veintena de constituciones desde que existe como estado en la vida republicana tras las guerras de independencia latinoamericana del siglo XIX. La primera, la de 1830, es la Constitución del Estado del Ecuador en la República de Colombia. Desde esta constitución hasta 1906, durante el periodo de reforma liberal que estableció la separación de la iglesia católica y el Estado, en toda la docena de constituciones siguientes, no se mencionó la extradición pasiva de los ecuatorianos solicitados por otros países.

Más de veinte años después, en la constitución de 1929, un país extranjero podía solicitar la extradición de un ecuatoriano en virtud de un tratado internacional y por delitos comunes. Sin embargo, se prohibía la extradición en el caso de que el requerimiento se refiera a delitos cometidos por ecuatorianos en crímenes políticos como la rebelión, la sedición, los atentados contra la autoridad o los desórdenes públicos.