Por: María Augusta Camacho Zegarra

La quiebra del Silicon Valley Bank, especializado en préstamos para empresas tecnológicas, el 8 de marzo, trajo como consecuencia el retiro de millones de dólares de sus clientes en un solo día y el alza en las tasas de interés en un contexto de incremento de la inflación.

A su vez, este hecho representó el acontecimiento más sorprendente en las finanzas norteamericanas en los últimos años (acaso desde Lehman Brothers en 2008), aunque cabe señalar que los reguladores ya lo habían advertido en febrero y ni Basilea III ni la intervención de los bancos centrales o su legislación pudo controlar.

Este episodio nos hizo recordar la nefasta realidad del sistema financiero peruano en la década de 1980, cuando las fallas en la política económica y en la regulación bancaria, la inflación elevada, entre otros, ocasionaron la liquidación y quiebra de varias entidades financieras.

Producto de esta penosa experiencia se creó en 1991 el Fondo de Seguro de Depósito, mediante Decreto Legislativo N° 637. De este modo, en caso de liquidación de una empresa financiera, los ahorristas están protegidos por un monto que se reajusta trimestralmente (125,714 soles, trimestre marzo a mayo 2023). Posteriormente, con la Ley N° 26702, promulgada en diciembre de 1996, se institucionalizó la protección del ahorro, el encaje, las provisiones y la regulación de un régimen de vigilancia en caso de infracción de normas de la SBS o del BCR. Justamente, el prudente desempeño de estas dos instituciones, sumado a las leyes ya mencionadas, permitió la transformación del sistema financiero peruano, dejándonos una gran enseñanza y nos ha permitido dar una muestra de solidez patrimonial, tal como lo señala la memoria del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Por último, el artículo 222 de la Ley N° 26702 prioriza la liquidez y la posibilidad de pago del crédito al momento de evaluar a un candidato a productos crediticios, más allá de la garantía o de la factibilidad del proyecto de inversión que demuestre. Esto permite reducir el riesgo financiero del sistema. Si sumamos la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera, los límites y prohibiciones que existen en el rubro, la política que promueve la bancarización, el fomento del dinero electrónico, los sistemas de pago rápido Yape/Plin y otros, tenemos un gran esfuerzo conjunto que ha permitido paliar los malos tiempos y mantener sólidas las entidades financieras y, sobre todo, proteger el ahorro de los peruanos.