Por: Carlos Rada Benavides/Analista internacional

El crecimiento del narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe ha hecho que el crimen organizado se convierta en una auténtica amenaza en términos de seguridad nacional para varios países. Esto es, ya no solo es fuente de actividades ilegales y de corrupción, sino que además cuenta con estructuras armadas que se enfrentan, abiertamente, a las fuerzas del orden en su objetivo de disputarle al Estado espacios territoriales.

Durante muchos años se ha abordado el fenómeno del crimen organizado en la región como una amenaza de seguridad desde la óptica de su potencial infiltración en las estructuras del Estado, debido al manifiesto poder de corrupción del que dispone. En ese sentido, el riesgo era, y sigue siéndolo, que coopte el aparato de justicia, las fuerzas del orden y los partidos políticos, en aras de generar conexiones que garanticen la impunidad de su accionar.

Esta situación, que se observa en diversos países de la región, ha ido mutando y adquiriendo una nueva dimensión con la aparición de grupos armados provistos de un poder de fuego que, muchas veces, supera al de las fuerzas policiales e, incluso, rivaliza con el de las Fuerzas Armadas. Asimismo, emplean la violencia de manera abierta con fines de intimidación no solo hacia sus rivales, sino también hacia el Estado.

Brasil, Colombia y México son tres de los países que más padecen los efectos de esta violencia. En el primero destacan el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV); en el segundo, el cartel Jalisco Nueva Generación (JNG) y el cartel de Sinaloa; y en el tercero, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el caso colombiano, el ELN y las disidencias FARC aún mantienen una prédica revolucionaria que, empero, se ve empañada con su participación en el negocio del narcotráfico, asociado al control de los corredores de la droga. En la consecución de este objetivo, además, forjan alianzas, lo mismo que el Clan del Golfo, con organizaciones criminales brasileñas y mexicanas.

Por si fuera poco, estos y otros grupos armados llevan a cabo acciones que pueden catalogarse de terrorismo, si se tiene en cuenta que, por medio de atentados contra ciudadanos y funcionarios, apuntan a coaccionar al gobierno de turno. Es decir, el hecho de que no ensalcen una ideología ni de que pretendan alcanzar el poder, no quita de que ejecuten acciones con un propósito político, como, dicho sea de paso, está ocurriendo en Ecuador.

Ahora bien, la respuesta de los gobiernos es introducir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, lo cual es necesario para impedir que la violencia se desborde. Pero queda claro que la solución del problema no es militar, puesto que se trata de un fenómeno sociocultural marcado por la pobreza y la marginación.

¿Cómo abordar el problema entonces? Trabajando con una visión de Estado, fortaleciendo la inteligencia policial y el aparato de justicia, ejerciendo un mayor control de las cárceles y, sobre todo, cerrando las brechas sociales. El enfoque deber ser integral y, además, despojado de sesgos ideológicos. A propósito, los expresidentes Fernando Cardoso (Brasil), Juan Santos (Colombia) y Vicente Fox (México) sostienen que la legalización de las drogas podría ser parte de la solución.