Por: Carlos Meneses

En estos casos el proceder debe ser rápido y eficiente, siempre respetando el debido proceso. Desde que salió a la luz la primera denuncia es casi un año, sin que haya mediado sanción ejemplar.

La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días a subcomisión para investigar a cuatro congresistas. Las parlamentarias María Acuña, Rosio Torres, Magaly Ruiz y Katy Ugarte son sindicadas por presuntamente recortar el sueldo de trabajadores de sus despachos.
Sin embargo, en el Parlamento tratan el caso con guantes de seda, no con la prontitud y transparencia necesaria. Las parlamentarias denunciadas por recortar irregular y unilateralmente el salario de su personal podrían recibir la “máxima sanción” de parte del Congreso, la cual es únicamente una suspensión de no más de tres meses de sus funciones, tal como lo recomienda en su informe la Comisión de Ética y que hoy viernes será sometido a votación. Pasado los tres meses se reincorporan al Legislativo.

El caso de los ‘mochasueldos’ es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista, esto no puede pasar en nuestro Parlamento y en ninguna otra entidad pública por que configura el delito de concusión, lo que ameritaría un juicio político, para sentar precedente y que ello no se repita en ninguna institución gubernamental.

No son cuatro, son 9 los legisladores comprometidos en recortar ilícitamente los salarios de sus trabajadores, y si existen elementos de convicción, hay la responsabilidad de ser drásticos en todos los casos en todos los casos que se demuestre que ha existido el ilícito.

La Contraloría no puede intervenir en casos de congresistas que recortan sueldos, según Nelson Shack, porque no se trata de mal manejo de recursos públicos sino de privados.

Las cuatro legisladoras, involucradas en el caso “mochasueldos”, son actualmente investigadas por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión, establecido en el Artículo 382 del Código Penal. Asimismo, se les imputa una supuesta infracción a los Artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución.