Por Germán Yuca Ch.

Mediante una conferencia de prensa, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) manifestó su rechazó a la Ley N° 31876, misma que limita el presupuesto asignando para obras ejecutadas por administración directa a un máximo de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Tras una reunión de Consejo Directivo, la ANGR comunicó que consideran que dicha ley limita la capacidad de cada gobierno regional para efectuar obras de gran y pequeña escala. 

INSISTEN EN CREACIÓN DE MANCOMUNIDAD

Recientemente el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 31876, misma que propone regular la asignación monetaria de los gobiernos regionales para obras efectuadas bajo la modalidad de administración directa. Dicha ley, aprobada por insistencia y vigente desde el domingo 24, busca que las obras bajo este tipo de ejecución no superen las 50 UIT. Es decir, deben ser menores a S/247 mil 500 de costo total. Monto que desde la ANGR consideran insuficiente y que limita la capacidad de ejecución de obras por administración directa. 

«Esta norma pretende hacer ver mal a los gobiernos regionales y municipales, cuando deberíamos preguntarnos cuál es la capacidad de ejecución presupuestal de los ministerios, cuando muchos de ellos no superan el 30%. ¿Quién tiene la mayor cantidad de recursos hoy en día con más del 70%? El Ejecutivo. (…) Esta ley perjudicará a la mano de obra directa. En el caso de Cusco, 10 mil trabajadores se quedarán sin una opción laboral tras la promulgación de esta ley», sostuvo el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez.

Originalmente, la iniciativa legislativa fue pensada para transparentar el gasto y, a su vez, hacer más eficientes los montos asignados a cada gobierno regional y municipal. Sin embargo, uno de los argumentos expuestos por los gobernadores es que la contratación directa tiene ventajas para la ejecución de obras que otras modalidades no tienen. Por ejemplo, no puede ser paralizada consecuencia de arbitrajes con empresas y tampoco demanda un componente económico de ganancia para el sector privado. Con esos argumentos, la ANGR busca la derogatoria de la ley. 

«Los gobernadores regionales demandamos una mejor Ley de Contratación con el Estado. Que tenga como finalidad pasar de la paralización a la ejecución. (…) Hago un pedido a todos los congresistas que saben que la descentralización no se puede paralizar y saben que la competitividad es parte del progreso para gatillar el desarrollo y el cierre de brechas», sostuvo el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores. 

Los gobernadores recocieron que las obras por administración directa pueden tardar, no obstante, responsabilizaron al gobierno central y a los sistemas de adquisiciones y administrativos a los que se somete cada gobierno regional. Asimismo, enfatizaron que según la Contraloría General de la República, hay más de S/20 mil millones en obras paralizadas y que el 60% de esta cifra corresponde a obras por contrata.

Para hacer presente su reclamo, los gobernadores anunciaron que viajarán a la capital Lima –el próximo jueves 5 de octubre– para plantear en la sede del Congreso de la República la derogatoria de la norma. Misma que aseguran fue «trabajada desde el escritorio para limitar la capacidad de ejecución de obras por administración directa». 

En el contexto de PERUMIN 36°, los gobernadores de cinco regiones integrantes de la ANGR (Cusco, Lambayeque, Moquegua, Loreto y Arequipa) anunciaron la creación de la Mancomunidad de Regiones con Influencia Minera energética. Según manifestaron sus integrantes, dicha asociación busca identificar los avances conseguidos mediante la realización de actividades mineras y energéticas, pero priorizando la sosteniblidad y sustentabilidad de dicha actividad para la población. La mancomunidad será presidida por el gobernador de Cusco y también vicepresidente de la ANGR, Werner Salcedo Álvarez.