Por: Janice Seinfeld, fundadora y presidenta del Directorio de Videnza

El acceso a agua es indispensable para el desarrollo humano y la competitividad de un país. Sin embargo, en el reciente Encuentro Nacional “Perú Merese” realizado en la ciudad de Arequipa, Max Carbajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción, compartió cifras alarmantes: uno de cada diez peruanos no tiene acceso al agua potable, y dos de cada diez carecen de servicios de saneamiento. Además, el promedio de continuidad del servicio de agua es de siete horas, con sectores de la población que solo disponen de dos horas diarias o, peor aún, que acceden a agua insegura.
A lo anterior se suma que 1.9 millones de peruanos en áreas urbanas y 1.3 millones en áreas rurales no tienen acceso al agua. Y que solo 3 de cada 100 personas en el ámbito rural tienen agua segura. En cuanto a saneamiento, 8.6 millones de peruanos carecen de alcantarillado.

El sector agua y saneamiento es institucionalmente muy desordenado. En el país existen 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) reconocidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Son responsables de proveer dichos servicios a 18 millones y medio de personas. Las EPS, de propiedad de los municipios provinciales y distritales, funcionan según la lógica de una entidad pública estatal municipal, con directorios y estructura gerencial altamente politizados, sin tener en cuenta los principios de gestión empresarial de la Ley General de Sociedades.

Además, según el tercer Reporte de Seguimiento de Inversiones de la Sunass, durante el primer semestre de este año las EPS solo ejecutaron en promedio el 13.98% de sus fondos provenientes de las tarifas. Es un nivel de ejecución de casi 3 puntos porcentuales menos que el 2022. El reporte señala que el principal descenso está en el grupo de empresas ‘Grandes 1’ y Sedapal. Así, mientras Sedapal, el prestador más grande de país, ha ejecutado el 33.5% de lo programado en su estudio tarifario para este año, en Arequipa Sedapar ejecutó el 21.4 %. Entre las causas de estos bajos niveles de inversión incluye la priorización de proyectos fuera del estudio tarifario, la lentitud para obtener licencias y permisos de los proyectos de saneamiento, la demora en la formulación de los proyectos, observaciones a los expedientes, entre otros.
Para que el Estado pueda ofrecer servicios de agua y saneamiento eficientes a los ciudadanos, no cabe otra solución que una profunda reforma del sector a partir de tres ejes fundamentales: el modelo de gestión, el modelo de financiamiento y el reordenamiento institucional. Esto último implica, por ejemplo, que los Gobiernos regionales cumplan con su deber de formular sus planes regionales de agua y saneamiento. Es decir, precisar la visión de largo plazo en esta materia para sus territorios.