El presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Miguel Ángel Linares Riveros señaló días atrás que recibía amenazas debido a la labor de fiscalización realizada por él a propósito de la intervención de la Policía Anticorrupción en los almacenes del Consorcio Virgencita de Chapi, que se adjudicó la buena pro para dotar de 25 camionetas al Gobierno Regional de Arequipa, estas unidades se entregarían a diferentes comisarías.

La Subprefectura de Arequipa accedió al pedido de Linares, quien días atrás hizo conocer al gobernador regional de algunos vicios en el proceso de adquisición de las mencionadas camionetas.

En la sección denominada Requerimiento de las bases Integradas se lee: “En la entrega de los bienes el contratista presentará la documentación que acredite ser: responsable oficial o distribuidor autorizado o concesionario de la Marca del vehículo o estar consorciado con uno de ellos para el caso de modificaciones o acondicionamiento que soliciten los vehículos”.

Linares dijo que es inusual que al postor se le pida que acredite la condición citada en el párrafo anterior en la entrega de las unidades y no en la etapa de presentación de ofertas, que es lo usual y también es objeto de calificación.

En las mismas reglas de la licitación se exige que el postor debe tener una red de establecimientos concesionarios y/o talleres con autorización de la marca para el servicio post venta, por lo menos 01 situado en la ciudad de Arequipa. El representante solo sindicó un taller.

“Este incumplimiento solo sería suficiente para no otorgar la buena pro al postor ganador al no cumplir con esta exigencia ya que el postor no ha demostrado que cuenta con una red de concesionarios y/o talleres para el servicio post venta; tanto más, si incluso la declaración jurada no indica nada de la marca Chevrolet, que es la marca ofertada”, precisa Linares Riveros en el documento enviado a Sánchez.

También hizo notar que en varios pronunciamientos el Tribunal del Contrataciones del Estado, sostuvo que la acreditación de una exigencia no puede hacerse con una declaración jurada sino que es necesario pruebas que corroboren lo aseverado.

Existe una observación más que demuestra que no se tuvo cuidado al momento de elaborar las bases porque se hace mención que el postor debe cumplir con los protocolos del plan de seguridad para la obra, cuando el proceso cuestionado está relacionado con la adquisición de un bien (camionetas). Es decir se trataría de un copia y pega.

Por todo esto propuso que el proceso se retrotraiga hasta la etapa de la convocatoria.

OPINIÓN

Algunos abogados consultados, que prefieren mantener su identidad en reserva para evitar amenazas, señalaron que el gobernador al haber tomado conocimiento de las serias irregularidades advertidas debe disponer la nulidad de todo el proceso.

“Si no lo hace estaría incurriendo en una conducta parecida a la del sentenciado exalcalde Omar Candia, quien no hizo nada para anular el proceso de compra de cámaras de videovigilancia cuando era alcalde de Alto Selva Alegre”, concluyeron.