Marisol Pérez Tello – Exministra de Justicia y Derechos Humanos

No hay nada peor que no querer ver. La evidencia genera tanto dolor que es más fácil hacer como si no existiera. Las cifras son vergonzosas, con todo y el subregistro producto de las limitaciones propias de un país que no se maneja sobre la base de información y no planifica, sumado a la impunidad que no genera confianza en la justicia y por tanto en los efectos de la denuncia. 

Entre el 2017 y el 2022, se denunciaron 74 400 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, un promedio de 34 casos diarios. La violencia es transversal y básicamente afecta a niñas y adolescentes, lamentablemente dentro de lo que debería ser su entorno más seguro, el hogar o la escuela.

Nueve de cada 10 víctimas son mujeres, casi 7 de cada 10 adolescentes; en 7 de cada 10 casos el agresor es un hombre conocido y cercano: tío, papá, abuelo, primo, el vecino, el nuevo novio, el profesor.

Estas formas de violencia afectan la vida de los niños, niñas y adolescentes para siempre y generan consecuencias en términos psicológicos, de ausentismo escolar, menor rendimiento y sufrimiento permanente.

No se necesita explicar mucho, solo imaginemos qué pasa si se trata de alguien que amamos y de la frustración frente a la ausencia de justicia e incomprensión o negación de la familia.

Esto se vive en nuestro país todos los días. Tenemos que quitarnos la venda de los ojos, como dice la campaña que lanzó Unicef en el marco del Día Mundial de la Infancia. Aceptar que es una realidad y nuestra responsabilidad. Se ha intentado por vía de la justicia crear espacios especiales de denuncia, atención temprana, no revictimización por el sistema, pero no es suficiente.

Las secuelas y las heridas que deja la violencia sexual son perceptibles: los niños no actúan con normalidad y reaccionan violentamente frente a una demostración de afecto. Tenemos que denunciar sin miedo y exigir una asignación de recursos suficientes para que el sistema pueda funcionar, que la policía investigue en correctas condiciones y que se capaciten operadores de justicia que generen confianza para denunciar.

Cuando se discute el presupuesto del país se definen las prioridades, ¿no deberían tenerla los niños, niñas y adolescentes?

Identifiquemos en las escuelas, pasemos polígrafo, no escatimemos en detectar a tiempo la agresión o el agresor, de manera que podamos construir el país que queremos que no se construye solo, requiere nuestras manos, compromiso y los recursos que el Estado tiene, fruto de nuestro trabajo, impuestos y sacrificio. Exijamos que se destinen y usen correctamente los recursos.

La violencia sexual, la trata de personas definen nuestra sociedad. Ese no es el país en el que queremos vivir, ni el país en el que queremos que crezcan nuestros hijos. No seamos parte del problema, sino de la solución.