Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

La democracia es diálogo, confrontación y consenso, así lo expresó, Haya de la Torre, en su histórico Mensaje a la Nación, cuando Presidente de la Asamblea Constituyente, el 28 de julio de 1978.

El año 2021, Bicentenario de la Declaración de Independencia del Perú, fue el año de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, aquél en manos del izquierdista, comunista, pro movadef senderista, y éste, prohijado por las fuerzas de una neo derecha sin ideas, sin planes de gobierno serio y sin programas de desarrollo, conformado por las bancadas congresales de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Avanza País. Concluyendo con el escénico golpe de Estado de Pedro Castillo, vacado directamente, por usurpador, conforme al artículo 46 de la Constitución, subsumida en la causal de permanente incapacidad moral.

Otra situación de enfrentamiento se dio, el año 2016, entre el lobbysta ilustrado y neoliberal Pedro Pablo Kuzcynski, Presidente de la República, y la receptora de aportes de campaña (no declarados, por lo bajo) de grandes empresarios y también neoliberal Keiko Fujimori, patrona de la entonces mayoría absoluta congresal. Terminando en renuncia de PPK, ascensión presidencial de Martín Vizcarra, disolución del Congreso por “negación fáctica”; convocatoria a elecciones parlamentarias, cuyos “padres de la Patria” elegidos, vacaron e inhabilitaron al genocida pandémico del lagarto fiu- fiu.

Estamos cerrando el año 2023 con la aterradora realidad de graves pugnas entre organismos constitucionales autónomos: Fiscalía de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia, por la suspensión de la Dra. Patricia Benavides. Tribunal Constitucional contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el indulto humanitario y liberación de Alberto Fujimori. Ministerio de Economía y Finanzas contra el Consejo Fiscal, por presunto incumplimiento de reglas fiscales por parte del Gobierno de Dina Boluarte. Municipalidad Metropolitana de Lima contra la Corte Permanente de Arbitraje, por los peajes de Rutas de Lima.

¿Hay salida constitucional? Sí y No. Veamos algunos preceptos: “Artículo 99.- Acusación Constitucional. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República: a los representante a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (Junta Nacional de Justicia); a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”. “100.- Ante Juicio Constitucional. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”.

Tales preceptos ¿son la solución? Con el Sistema Congresal Unicameral, no; porque sólo hay una cámara y es política, no indicada para resolver tales conflictos. Con el Sistema Congresal Bicameral, quizá; sería tarea del senado, como cámara reflexiva, con el pronunciamiento unánime, no solo mayoritario, del Acuerdo Nacional; ello obliga institucionalizar dicho Foro. La salida de la acusación constitucional, luego, suspensión, inhabilitación o destitución. No siempre es la alternativa, puede resultar peor. Construyamos consensos interinstitucionales. 

Debe haber un espacio institucional de concertación política, antes de aplicar la acusación, suspensión, inhabilitación y destitución constitucionales. Se requiere, reformar el Sistema Político de los tres Poderes del Estado a cuatro, institucionalizando el Foro del Acuerdo Nacional, como espacio político de encuentro de la Sociedad Civil con el Estado (Sector Público), mediante un Senado recreado; e incorporando el Congreso Económico Nacional, para la concertación técnica, económica y social, integrado por actores de la producción e inversión y consumo. Por un Estado concertador del sector público, sector privado y sociedad civil.