Por: Carlos Meneses

Sería un problema grave para el Perú que Ecuador deporte a nuestro país a los peruanos que habiendo cometido delito estén presos en cárceles del vecino país. El hacinamiento de nuestros penales es nocivo y abrumador y al igual que lo afirmado por las autoridades de Colombia no podemos aceptar una solución como es traerlos para encerrarlos en penales peruanos.

No es novedad para los peruanos el hacinamiento que se observa en los penales tanto de varones como de mujeres. La situación se complica cuando Ecuador anuncia que se propone devolver a países como Colombia, Perú y Venezuela a los extranjeros que habiendo delinquido se encuentran en prisión.

Lo mismo habría que señalarle al Congreso de la República que ha dispuesto que por robar o tener un teléfono ajeno puede ser encerrado en una cárcel al autor o al receptor del aparato telefónico.

La flagrancia que también se pena con prisión va a ser otra causa de preocupación para las autoridades judiciales y para el INPE, encargado de la administración de las cárceles.

En Perú lejos de crearse más penales es frecuente que se cierren algunos de los actuales por el mal estado de sus ambientes destinados para albergar a los sentenciados y el castigo que significa que los condenados estén en condiciones miserables y sin las comodidades mínimas adecuadas.

Además, construir un penal no es un problema de corto tiempo y mucho menos de inversión poco cuantiosa. Los dos que existen en Arequipa, uno de varones y otro de mujeres, están fuera de toda condición que se considere adecuada y convertidos, en muchos casos, en escuelas de delito en lugar de rehabilitación social.

Sería conveniente y oportuno que la Cancillería peruana gestione con las autoridades del Ecuador que no se practique una política de enviar a cárceles peruanas a los nacionales que delinquieron en la vecina república o que se pueda intentar una solución al problema que se confronta mediante centros de reclusión que no exijan las condiciones que ahora se tienen y tampoco se busque en la forma en que Bukele tiene a los presos de su país que están lejos de ser tratados de acuerdo con los derechos humanos.