Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

La criminalidad avanza a paso de galope en el país. Casi a diario nos enteramos de graves delitos, como asesinatos por encargo, secuestros y extorsiones, cometidos a escala nacional por bandas organizadas de delincuentes.

No se trata de una percepción de inseguridad. Más bien estamos ante una realidad agobiante que preocupa a autoridades y población.

Recientes casos dados a conocer por medios de comunicación testimonian la grave situación que enfrentamos. Por ejemplo, el 24 de enero, un policía vestido de civil perdió la vida al recibir 5 disparos dentro de su vehículo en Lima. Un día después, dos hermanos septuagenarios fallecieron a balazos en Trujillo, en un aparente crimen por encargo. El 26, en Nasca, cuatro miembros de una familia perecieron tras ser atacados con arma de fuego.

Se trata de los asesinatos más sonados cometidos en el lapso de solo tres días. Si tomáramos en cuenta un período más amplio, la lista sería más extensa.

Según el informe técnico sobre seguridad ciudadana, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en diciembre del año pasado, el 27.8% de la población urbana de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo entre mayo y octubre del 2023, cifra que implica un incremento de 4.7% en comparación con el mismo período del 2022 y de 10.3% con el del 2021.

Es irrefutable que este avance de la criminalidad tiene efectos perniciosos en varios ámbitos. En gran medida degrada el clima de tranquilidad que debería primar en la sociedad y, por el contrario, instaura una sensación de temor, desconfianza y zozobra entre los ciudadanos. Asimismo, perjudica la imagen que el país busca proyectar en la escena internacional como destino seguro para los turistas e inversionistas.

Sin embargo, tal vez una de las consecuencias más riesgosas sea la desconfianza y menosprecio de la población respecto a la capacidad de las instituciones por garantizar seguridad. Es posible, entonces, que la criminalidad sea un factor influyente en el ámbito político en la medida en que el clamor ciudadano por frenar la delincuencia se traduzca en respaldo a discursos políticos que coloquen este tema como una de sus principales banderas, con iniciativas que transgredan los márgenes de la democracia.

El caso de Nayib Bukele en El Salvador es paradigmático de esta posibilidad. Un numeroso sector de la población salvadoreña, sitiada por las pandillas criminales, respalda su propuesta de control de la criminalidad aun cuando implique una degradación de los derechos fundamentales y de la institucionalidad en ese país.

La criminalidad en el Perú debe combatirse para así garantizar la tranquilidad de la población. Pero también urge frenarla si queremos preservar nuestra ya debilitada democracia e institucionalidad.