Dina Boluarte no solo es la presidenta con más baja aprobación en América Latina, también es la que —a nivel nacional— menos leyes ha reglamentado en los últimos ocho años. Infobae Perú constató que, desde el 2016 hasta la actualidad, hay 80 normas sin estatuto, de las cuales 33 pertenecen a su gestión.

Los constitucionalistas Christian Guzmán y Hugo Mendoza,  consideraron que la jefa de Estado estaría incumpliendo con el mandato regulado en el artículo 118 de la Carta Magna. No obstante, mientras Guzmán califica el hecho de una infracción constitucional que se extiende a los demás ministros implicados, para el otro abogado es, sobre todo, un tema de ineficiencia.

Sobre el impacto en las normas, ambos advierten que, al no haber reglamentación, se afecta sobre todo a la ciudadanía, dado que las leyes no entran en vigencia. “También se pierde logística, recursos, porque hay que entender que para la emisión o elaboración de esas normas, se ha tenido que generar ciertos gastos relacionados a personal, expertos, etc.”, agregó Mendoza.

La misma institución, a través de un video sobre normas sin reglamentar, publicado el 20 de abril del 2022, advierte que “una ley requiere de su reglamentación para ser correctamente aplicada, dado que sin ello resulta ineficaz y no cumple a cabalidad con su objetivo”.

Juan Gabriel Duarte, exjefe del Departamento de Investigación y Documentación del Congreso, considera, en su trabajo de tesis publicado en 2021, que la “potestad reglamentaria” puede ser usada como acción de control político, ya que las leyes pendientes “se tornarían ineficaces por no contar con el reglamento correspondiente, como consecuencia de un ‘ocio legislativo’ por parte del Poder Ejecutivo, en perjuicio de sus interesados: la ciudadanía”.

En esa línea, el letrado Hugo Mendoza enfatiza que dadas sus facultades de control político, los parlamentarios podían, incluso, interpelar a los ministerios involucrados, “principalmente al titular de Justicia, ya que se entiende que es el asesor jurídico legal del Ejecutivo”.

“Por sus manos pasan todas las leyes, también las reglamentaciones. […] Si es ley tributaria, la evalúa Economía, si es ley de seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior, pero, definitivamente, el actor principal es el ministro de Justicia”, mencionó a Infobae Perú.