El requerimiento de Benedicto Jiménez fue aceptado para que cumpla una regla de conducta por una sentencia condicional en ejecución que le obliga a presentarse en Arequipa el primer día hábil de cada tres meses a fin de que informe sobre sus actividades.

El Poder Judicial autorizó al coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, Benedicto Jiménez, a ausentarse de Lima del 1 al 5 de marzo para que cumpla una disposición judicial en la ciudad de Arequipa.

Así lo dispuso el juez Víctor Zúñiga Urday, quien declaró fundada la solicitud que hizo Jiménez Baca para viajar en el plazo indicado, a fin de comparecer al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jacobo Hunter, en la ciudad de Arequipa.

Ello en cumplimiento de una regla de conducta de una sentencia condicional en ejecución dictada en su contra que le obliga a presentarse el primer día hábil de cada tres meses, a fin de informar sobre sus actividades.

El magistrado adoptó esta medida, luego de que el Ministerio Público no presentara oposición alguna a lo solicitado por Benedicto Jiménez, al considerar que se trata de un viaje al interior del país y el solicitante viene respetando las reglas de conducta impuestas en el proceso penal que afronta en Lima, por el caso ‘Orellana’.

No obstante, el juez Zúñiga Urday señaló en su resolución emitida el último 18 de enero, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que Benedicto Jiménez queda en la obligación de presentar dentro del tercer día de su retorno a Lima, la documentación que justifique e informe sobre sus actividades del viaje que se le está autorizando bajo apercibimiento o advertencia de revocarse la medida de comparecencia con restricciones que se le impuso en el caso Orellana, en caso de incumplimiento, previo requerimiento del Ministerio Público.

Fiscalía solicitó 26 años y 8 meses de prisión contra Benedicto Jiménez en el juicio oral que afronta en el Poder Judicial por su presunta vinculación con la organización encabezada por el abogado Rodolfo Orellana dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles en el país.