Partido naranja solicitó que los fiscales sean retirados del proceso judicial seguido contra Fuerza Popular por el caso Cocteles. El cual esta a puertas de iniciar juicio oral.

El partido Fuerza Popular ha presentado una denuncia penal contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, Domingo Pérez, Zoraida Ávalos, y el periodista Gustavo Gorriti por presuntos delitos como organización criminal, cohecho, fraude procesal y tráfico de influencias.

 La denuncia, interpuesta el 20 de febrero por Liliana Takayama, exparlamentaria y representante legal del partido, solicita el retiro inmediato de los fiscales del proceso judicial relacionado con el caso Cocteles, que está a punto de iniciar el juicio oral.

Fuerza Popular ha solicitado al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Humberto de la Haza, la suspensión preventiva inmediata de los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y Domingo Pérez. El partido alega que los fiscales habrían incurrido en faltas disciplinarias graves, según una investigación abierta por la JNJ. La medida cautelar busca asegurar la imparcialidad del proceso judicial.

El Poder Judicial fijó para el próximo 1 de julio el inicio de juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos, organización criminal y otros delitos por el caso Cócteles, referido a supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.

En la denuncia presentada al Ministerio Público, Liliana Takayama argumenta el amparo de los derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, destaca el principio de objetividad fiscal recogido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y los principios de la ley de la carrera fiscal. La exparlamentaria pide el inmediato apartamiento de los fiscales para garantizar la imparcialidad en el caso.

La denuncia de Fuerza Popular no solo involucra a los fiscales y al periodista Gustavo Gorriti, sino también al expresidente Martín Vizcarra, exasesores, y al Instituto de Defensa Legal (IDL). El partido argumenta la existencia de una organización criminal flexible con roles específicos.