La contadora Yaziré Pinedo (26), allegada del expremier Alberto Otárola, registró sus dos primeros contratos con el Estado en junio y agosto del 2018, poco tiempo después de haber empezado su vida universitaria, según un informe difundido por El Comercio.

Sin expertise en el sector público, la joven fue contratada por S/ 8000 para laborar como asistente administrativa en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), una entidad dirigida entonces por César Figueredo, actual secretario general de Perú Primero, el partido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

Nacida en Tarapoto (San Martín), Pinedo ha dicho en Canal N que su vínculo con Figueredo data del 2015, es decir, desde que cumplió la mayoría de edad. Seis años después, en junio del 2021, se graduó como bachiller y al año siguiente obtuvo su título de contadora pública, según el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Aunque ha declarado un máster en gestión pública, el grado académico no ha sido registrado por la Sunedu. Al poco tiempo de titularse, Pinedo consiguió, en agosto del 2022, una orden de servicios por S/ 24 000 en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Fue durante la administración del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Este ente, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), estaba dirigido entonces por Robert López, detenido en agosto pasado por el caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios (colusión agravada).

Según El Comercio, después de lograr el contrato en la ARCC, la contadora presentó una declaración jurada para comprometerse a enviar su constancia de trabajo de Cofopri, la cual acreditaría sus “años” de “experiencia” en dicho organismo. No se precisa si finalmente el documento fue remitido.

En diciembre del 2022, cuando Otárola fue designado por la presidenta Dina Boluarte como ministro de Defensa, Pinedo lo visitó en su despacho, pero aquella cita no quedó registrada oficialmente. Días después, obtuvo dos órdenes de servicio por 18 000 y 35 000 soles en dicho portafolio para archivar, ordenar y clasificar expedientes, así como para elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones.

La Contraloría, sin embargo, advirtió que la contratación acarreó irregularidades: según un informe, estas “dos adjudicaciones sin procedimiento” fueron contempladas para “actividades que no corresponden o son incompatibles” a la modalidad de contratación de locación por servicios.

A inicios de 2023, cuando Otárola ya presidía el Gabinete, Pinedo recibió un correo de la PCM para que envíe una cotización por el servicio de atención administrativa en la Oficina de Abastecimiento, un requerimiento que, según especialistas, solo envía a profesionales de alto perfil. Ella no respondió.

De 2018 al 2023, Pinedo se embolsó un total de S/ 85 000 del erario nacional. Una conversación filtrada esta semana a la prensa ―en la que ella participa con el expremier, con quien tuvo una relación efímera en 2021, según su testimonio― produjo un remezón político y la dimisión del que fue el número dos de Boluarte.