— Redacción Diario El Pueblo —

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) cuestionó el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, publicado el miércoles 23 de febrero, el cual pone fin a la tercerización que se aplicaba, de manera permanente, en las actividades neurálgicas o núcleo de negocio de las empresas.

En esa línea, afirmó que el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo (MTPE) no ha considerado los efectos de la norma, ya que solo incentivaría la informalidad laboral y frenaría el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes) formales.

«Las tercerizadoras formales son, en su mayoría, pequeñas o microempresas, que emplean a uno de cada 14 trabajadores en planilla. Con esta norma se les cierra la vía hacia el desarrollo de sus negocios, polarizando la actividad económica y el empleo hacia la gran empresa y hacia la informalidad», remarcó.

Por ello, exhortó al gobierno a derogar el referido decreto supremo por considerarlo «abiertamente ilegal», pues modifica categorías establecidas por ley. Además, reiteró que es inconstitucional, dado que el decreto afecta el derecho a la libre iniciativa empresarial que garantiza la Constitución.

«Nuestro país requiere de un manejo ordenado y prudente de su sistema laboral, pues es una base mínima para la reactivación económica y la creación de empleo. Esta norma hace todo lo contrario y debe, por lo tanto, ser derogada», concluyó.