— Redacción Diario El Pueblo —

Por: Roxana Ortiz A.

Argumentando discriminación, vulneración al derecho al trabajo, a no ser víctima de violencia (moral, física o psíquica), torturas, humillaciones, tratos humillantes inhumanos, entre otros, un grupo de ciudadanos interpuso una Hábeas Corpus ante el poder Judicial para parar la vacunación contra la COVID.

La jueza Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Karina Apaza del Carpio, declaró improcedentes los argumentos presentados y declarando infundada además, la demanda en lo referido a la vulneración de los derechos a la libertad personal, vida, salud e integridad y libertad de tránsito.

Se trata de un grupo de personas que estaban en contra del proceso de vacunación, conocidos como antivacunas, que usaron principalmente la redes sociales para tratar de captar adeptos a su movimiento, a pesar que se demostró que las vacunas salvaron la vida de miles de personas que contrajeron el coronavirus.

Argumentaron también, que el Gobierno estaba atentando contra la libertad de empresa, del derecho al trabajo porque no se les permitía acceder a un puesto de trabajo si no estaba debidamente vacunado; o de impedido de ingresar al centro de estudios.

Apaza del Carpio, sostiene que si bien es cierto, el miedo a la desconocido es parte de la naturaleza humana, la confianza en la ciencia y a una ética solidaria, permiten comprender que la única forma de afrontar una situación tan difícil como la que paralizó al mundo entero desde marzo del 2020, ante la existencia de la enfermedad de la COVID-19, es la mutua colaboración y solidaridad entre los seres humanos.

De esta manera, los poderes del Estado no pueden obstruirse en la consecución del objetivo común de la lucha contra la pandemia, indicó la magistrada Constitucional; quien sostiene en sus argumentos que toca caminar juntos hacia una nueva era, en nombre de aquellos que partieron de este mundo, ansiando la oportunidad de tener acceso a la vacuna.

Los demandantes, interpusieron un Habeas Corpus, buscando el cese de actos discriminatorios y violación a los derechos humanos y por tanto pedían, se declare inaplicables las restricciones tendientes a hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19.