El Archivo General de la Nación: una emergencia cultural
Por: Cecilia Bákula – El Montonero

Dos días atrás nos sorprendió la tremenda noticia de que una parte importantísima del Archivo General de la Nación iba a ser desalojada por estar ubicada en espacios de propiedad del Poder Judicial. Más allá de lo que podría entenderse como un crimen de “lesa cultura”, es necesario conocer algunos hechos para entender –si fuera posible– la responsabilidad que tiene el Ministerio de Justicia sobre este asunto y, por supuesto, la indiferencia del sector Cultura ante esta importantísima parte de nuestra memoria, de nuestra historia e identidad que está bajo su responsabilidad directa.

El Archivo General de la Nación fue creado mediante ley promulgada el 15 de mayo de 1861, en tiempos del presidente Ramón Castilla, entendiéndose en ese momento que se trataba de un acervo fundamental y que debía estar bajo la custodia y administración de la cartera de Justicia, como ha sido hasta el 2009, cuando en el gobierno del presidente Alan García, comprendiéndose el valor de ese repositorio, pasó a ser parte del sector Cultura. Adicionalmente, en el año 2007, se dio la ley 28993 del 23 de marzo del 2007, mediante la cual se declaraba de interés nacional la construcción e implementación del local del Archivo General de la Nación.

Estos datos permiten entender que no es reciente el que parte del archivo de nuestra historia republicana esté en ambientes del sector Justicia y que, desde la primera década del siglo XXI, está pendiente la construcción de un local propio, para el que hubo un terreno ya asignado en Pueblo Libre e, inclusive, se contaba con el código SNIP o constancia de que se había asignado ya una partida en el sistema de inversión pública.

Con gran esfuerzo, la parte pre republicana del archivo y acervo documental se trasladó a unos ambientes del antiguo Servicio de Correos en el centro de Lima, pero la parte republicana no tuvo esa suerte y sigue esperando, cada vez en peores condiciones y sufriendo además de abandono, desinterés y desidia, el que se le ubique en un lugar definitivo, propiamente adecuado con los estándares que el moderno manejo de archivos requiere.

El público podría estar preguntándose ¿qué hay en los ambientes del jirón Manuel Cuadros, que ahora son reclamados “en devolución” por el sector justicia? ¡Pues nada menos de 27 Km de expedientes, si colocáramos un expediente detrás del otro! Allí está la memoria institucional de la República del Perú y allí están todos los archivos notariales de quienes fueron notarios de esta ciudad. Es decir que nuestra historia puede y debe buscarse allí; nuestra historia puede reescribirse en muchos aspectos desde allí y, además, todas las transacciones, registros, compraventa, testamentos y otros documentos importantes, forman parte del archivo notarial.

Con lo anterior queremos señalar que el sector justicia no puede aparecer como una simple entidad que reclama un espacio, unas habitaciones o un sótano, pues es altamente corresponsable de ese acervo documental. No le quito ni un ápice de culpa ni responsabilidad al ministerio de Cultura, que en muchos aspectos aparece como inexistente, mudo o invitado de piedra en asuntos que le competen directamente, pues, en este caso se trata de un bien de la Nación, de repositorios que son responsabilidad de todos y que refieren la historia de todos. Como siempre, las comparaciones son odiosas, pero bien vale la pena recordar el amoroso cuidado con que sociedades y países cuidan sus tesoros documentales, convirtiendo los archivos en lugares de culto al conocimiento, la custodia y la defensa de la propia historia.

Sin ese repositorio, nuestro pasado puede en gran medida diluirse y, así como ese sector del Archivo General de la Nación se encuentra en grave riesgo y en severa crisis, no es mucho mejor la situación de los archivos regionales; algunos como el de La Libertad ha dado un paso importante en su manejo pero otros claman y merecen una pronta e inmediata atención que lejos de ser un acto de parchar, implique una toma de conciencia de la responsabilidad que existe respecto a ese material documental en el que está escrita nuestra historia.

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