Por: Dany La Torre

La Contraloría General de la República advirtió que la construcción de la plaza cívica de la asociación Jardines del Colca, en el distrito de Yura, no debió considerarse como una inversión pública, por lo que significó un perjuicio económico de más de S/.5 millones a la región. El gerente regional de Control de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán, exhortó a la Fiscalía a realizar investigaciones sobre funcionarios con responsabilidad penal y administrativa durante la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica.

“En principio se trata de una asociación privada. En segundo lugar, ocupa un lugar que son terrenos eriazos y son propiedad del Estado y que finalmente se tomó posesión de manera ilegal. En consecuencia, los intereses son particulares de esta asociación, en el que además se tiene indicios concretos de que estos actores políticos tenían intereses, es decir, lotes de terreno, ocupaciones entre otros. Entonces había una franca colisión entre el ejercicio de gobierno porque se disponían recursos públicos, con los intereses particulares que esas personas deberían tener”, explicó.

El funcionario recordó que, desde inicios del año 2020 y a través de un informe de control simultáneo, se trató de alertar sobre algunas de estas situaciones, pero la entonces gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), no hizo caso a las recomendaciones presentadas. Tras esto, la entidad realizó una auditoría de cumplimiento, encontrando irregularidades que calificó como “de alta corrupción y de perversión de todos los sistemas administrativos”.

En ese sentido, detalló que algunos servidores y funcionarios de la gestión de Cáceres Llica; así como, gerentes, subgerentes y regidores de la municipalidad distrital de Yura durante la gestión del fallecido Ángel Benavente, estuvieron implicados en dichos actos indebidos. “Todos ellos participaron naturalmente con el personal técnico de las áreas correspondientes para habilitar y ejecutar recursos para la formulación y ejecución de una obra”, aclaró.

Direccionamiento de bienes

Con ello, el representante de la Contraloría advirtió que, entre las contrataciones de materiales, se compró cantidades considerables de piedra laja a Shirley Medina Casillas, un proveedor que tendría un vínculo con la exesposa del alcalde de Yura, además de una “afinidad comercial por la trazabilidad con el propio alcalde fallecido en pandemia (Benavente)”. En ese sentido, el beneficio fue de S/. 368 964.

Entre otras irregularidades, se detectó que, en la ejecución del proyecto, no se contaba con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el expediente técnico no sustentaba el componente ambiental, la obra se ejecuta en una zona que tiene un alto porcentaje de zona de riesgo no mitigable (una invasión), además del costo de su construcción que pasó de S/.2 millones 300 a más de S/.5 millones 134 mil 127.

“Tiene una serie de características que lo que hacen, es constituir una plaza de lujo construida por un Gobierno Regional para una asociación privada. Es decir, por donde se le mire se identificaron una serie de elementos que tendrán que ser valorados por el sistema de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial para sancionar a los responsables”, añadió.

Piden sanciones

Frente a esta coyuntura, Niño de Guzmán exhortó a la Fiscalía a realizar investigaciones sobre funcionarios con responsabilidad penal y administrativa durante la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica. En esa línea, explicó que uno de los principales implicados, es el candidato a regidor de Yura, Julio Mendoza Choquehuanca, quien además de ser consultor del Fondo Apoyo Gerencial (FAG) de la gestión de Cáceres Llica, también fue presidente de la Asociación Jardín del Colca. La entidad detalló que este se aprovechó de su cargo para la ejecución de la obra, pese al estado de emergencia sanitaria por la Covid-19. Asimismo, tendría conocimiento de la ilegalidad de la invasión de los terrenos.

“El exgobernador Cáceres Llica y su hermano que es regidor en la municipalidad distrital de Yura (Freddy Cáceres), el señor Gregorio Palma (ex gerente general), entre otros también están implicados. En consecuencia, exhortamos a que estos casos tengan celeridad y que tengan una investigación a fondo para que se sancione a quien tenga que sancionarse, porque como dice el principio, este caso debería estar dentro de los casos de antología de abuso de poder. Perversión de los sistemas administrativos y de una franca utilización del poder para intereses particulares”, finalizó.