Por: José Colque

Hoy iniciarán las audiencias para definir si el ex alcalde de La Joya, Gilmar Luna, involucrado en la presunta organización criminal “Los traficantes de La Pampa”, y otros once detenidos pasan los próximos tres años en prisión o siguen la investigación del caso en libertad con restricciones.

La cita será desde las 15:35 horas en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha el juez José Luis Vilca Conde. El magistrado llevó un caso similar de organización criminal, en el 2019, “El ladrillo sindical del Sur”.

Para el caso Los traficantes de La Pampa son acusados por el Ministerio Público de vender hasta tres veces terrenos de propiedad del Estado usurpados por la Asociación Aspproducto en San Camilo (La Joya). Luego de entregar la posesión de esos predios, desalojaban violentamente a los ocupantes de los mismos.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado solicitó 3 años de prisión preventiva en contra del presunto cabecilla Juan Valencia, los ciudadanos Maritza Callachet, Mery Caballero, John Álvarez, Juana Ramos, Saturnina Quispe, el ex Juez de Paz Fausto Quirita, el abogado René García (no habido), los agentes David Chayña, Víctor Zeballos Bello, el policía (r) Wilber Zeballos Vicente y el ex alcalde de La Joya, Gilmar Luna.

De acuerdo a la tesis fiscal, el ex alcalde Gilmar Luna y el cabecilla de “Los traficantes de La Pampa”, Juan Valencia, se habrían aliado cuando Luna era candidato a La Joya. Aparentemente se conocieron desde pequeños en el distrito de Tiabaya.

Años después al reencontrarse, Luna habría visto en Valencia un colchón de votos debido a la gente que tenía en sus asociaciones de vivienda, mientras que Valencia habría recibido el compromiso de que, si Luna ganaba la alcaldía le ayudaría con los trámites de formalización de las tierras ocupadas por Aspproducto, además de comprometerse a otorgarles agua y facilitar el papeleo administrativo en la Municipalidad de La Joya.

Para sustentar su hipótesis la Fiscalía cuenta con denuncias, grabaciones de conversaciones telefónicas autorizadas por un juez, declaraciones de confesión sincera, testigos protegidos, entre otros elementos de convicción que sustentará ante el Juzgado de turno para el requerimiento de prisión preventiva por 3 años para Luna, Valencia y los otros diez acusados.