El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló ayer jueves que no se puede aceptar una «práctica injerencista» en las atribuciones constitucionales del país, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio recomendaciones sobre institucionalidad democrática en el Perú.

ASEGURÓ QUE ANÁLISIS FUE DEFICIENTE

En Ampliación de Noticias, Alberto Otárola calificó de «muy interesante» y «poco extraño» las recomendaciones del citado informe CIDH ,donde se abordó la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas registradas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año.

«Eso tiene un límite. La Comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas contradicciones que es menester abordar a un solo poder del Estado que es el Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra Constitución Política. Es decir, podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero no se puede aceptar que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales en los organismos constitucionalmente autónomos del Perú», dijo.

Alberto Otárola aclaró que el Estado peruano analizará las 36 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y «ver la pertinencia de su aplicación» en el marco del Pacto de San José de acuerdo a nuestra propia legislación interna.

«Son recomendaciones que serán remitidas a todos los sectores y seguramente del sector Justicia se va a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes a que se comprometa el Perú, de eso se trata», indicó.

Cabe indicar que en las recomendaciones de la CIDH sobre la institucionalidad democrática, se plantea, entre otros temas, delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen, con parámetros claros y objetivos, «las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias».

ANÁLISIS DEFICIENTE

A decir del primer ministro el análisis realizado sobre el papel de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es deficiente, por lo que aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte ratifica el respaldo a las fuerzas del orden.

«En el caso de los heridos militares y policiales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un deficiente análisis porque pese a que ellos son los que han resguardado y cuidado el orden interno y actuado según digamos la responsabilidad constitucional, seguramente con algunos errores en la ejecución de los mismos, en el caso por ejemplo de la Policía, el caso del señor (José Luis) Sonjo que fue quemado vivo dentro de un patrullero solo ha sido mencionado como un hecho más, 10 palabras se refieren a él dentro del informe», dijo.

Además, aclaró que «los lamentables hechos que produjeron la muerte de compatriotas» es materia de investigación reservada del Ministerio Público y precisó que el Poder Judicial determinará si hay responsabilidades individuales en las muertes de manifestantes contra el Gobierno.

«Aquí el tema es muy concreto, nosotros respetamos la investigación, tenemos que ser muy pulcros con las decisiones que tome el Ministerio Público, pero también muy enérgicos en rechazar cualquier intento que quiera obligarnos a nosotros a asignar responsabilidades que solo lo puede hacer un juez o un fiscal», manifestó.