El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público con el que busca que se imponga 28 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra asilada en México a raíz del denominado ‘caso Anguía‘.

El juez Raúl Justiniano determinó que el recurso que interpuso el fiscal Jorge García cumplió con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio que establece la ley para ser remitido a la instancia superior.

Bajo el mismo criterio, el magistrado también admitió a trámite el extremo del recurso de apelación que presentó el representante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para que se imponga 36 meses de prisión preventiva a David y Walter Paredes, hermanos de la esposa del exmandatario implicados en este caso.

El fiscal García Juárez demanda que se revoque la resolución que emitió el magistrado Justiniano Romero el último 9 de junio en la que declaró infundado el pedido que hizo para que se varíe el mandato de comparecencia simple que pesa sobre estos investigados por el de prisión preventiva por 28 meses. Ello, al determinar que la Fiscalía no presentó nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación legal de estas personas dentro de este proceso penal.

Ante ello, el juez Justiniano resolvió «conceder» este recurso de apelación y remitirlo a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar este requerimiento con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes; sus hermanos Yenifer, David y Walter Paredes; el exalcalde de Anguía, José Medina y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenían como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.