Procuraduría Anticorrupción fue agregada como actor civil en el caso que se sigue contra la magistrada y dispuso un monto de reparación para los tres cargos que la Fiscalía de la Nación le imputa. Emma Benavides fue denunciada por sus vecinos por presuntas irregularidades en la construcción de un edificio, pero fiscal afirmó que ello no tenía connotación penal.

ES HERMANA DE FISCAL DE LA NACIÓN

Un nuevo actor ha sido incluido en el caso que lleva el Poder Judicial en contra de la exjueza Emma Benavides, hermana de la ahora Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En una disposición realizada el último 30 de octubre de este año, el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso incluir a la Procuraduría Anticorrupción en el caso, a fin de que la institución participe como actor civil en las pesquisas contra la mayor de las hermanas Benavides.

La decisión de Checkley fue difundida en Epicentro TV, en la que se precisa “declarar fundado el requerimiento presentado por la Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción, Yudith Villegas Espinoza”. En ese sentido, también se dispuso “tener como actor civil a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en el proceso seguido contra Enma Rosaura Benavides Vargas y otros”.

Como se sabe, según la investigación que se sigue contra la hermana de la Fiscal de la Nación, Emma Benavides habría incurrido en corrupción al haber aceptado presuntos sobornos para exculpar a detenidos acusados de narcotráfico. En la investigación están comprendidos tanto ella como el resto de miembros integrantes del tribunal de liberaciones de la Sala Penal Nacional.

En la investigación que inició la fiscal Bersabeth Revilla, de la que fue posteriormente removida, se determinó que la jueza Emma Benavides y el resto de integrantes del tribunal habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.

En respuesta a estas imputaciones, la Procuraduría Anticorrupción señaló que, por el primero de los delitos, el de asociación ilícita, se le imputa un pedido de reparación por S/ 2 millones y medio; en el caso del segundo delito, de cohecho pasivo específico, se determinó una reparación por el mismo monto; mientras que por la última imputación, de cohecho activo específico, se ha planteado una reparación de S/1 millón y medio de soles.

Todos estos pedidos suman un total de S/ 6 millones 500 mil soles, por los graves hechos de los que es sujeto de investigación, solo en su caso. El resto del tribunal también estuvo sujeto a las mismas imputaciones monetarias.

Mientras tanto, el fiscal Uriel Terán, que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, designó como reemplazo de Bersabeth Revilla en medio de cuestionamientos, pidió el sobreseimiento de la denuncia que pesa en contra del caso del que es partícipe la jueza Emma Benavides, a fin de que todo tipo de imputaciones y cuestionamientos sobre los magistrados del Poder Judicial cesen.

El pedido de Terán fue una de sus primeras acciones, apenas asumió la encargatura del despacho del que fue retirada Revilla. El 1 de febrero del 2022, apenas se instaló en el nuevo despacho que le asignó la fiscal de la Nación, Uriel Terán Dianderas presentó ante el juez Juan Carlos Checkley, magistrado del Poder Judicial a cargo de evaluar el caso, una solicitud de sobreseimiento.

Entre las excusas para el pedido está el planteamiento de que el caso contra la jueza Benavides y los otros coimputados, está la presunta falta de pruebas. Ante ello, el pedido de Terán Dianderas es el archivamiento de la denuncia contra la hermana de quien lo puso a cargo del caso, así como la suspensión, ello incluso desde meses antes que se venza el plazo planteado para su investigación.

La decisión sobre si este caso proseguirá con los nuevos requerimientos hechos queda en manos del magistrado Juan Carlos Checkley, quien ha pospuesto esta decisión desde hace más de nueve meses.