Los Jueces Superiores de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió en parte la medida cautelar presentada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dispuso suspender provisionalmente todas las imputaciones de cargos que realiza la Comisión de Justicia contra ellos.

Esta medida judicial se toma a un día de que el pleno del Congreso iba a debatir y votar este miércoles el informe que busca la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta causa grave.

Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Avila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán debían presentarse mañana para ejercer su derecho a la defensa; sin embargo, este proceso ya no sucederá. 

La Comisión de Justicia argumenta en su documento final que los magistrados incumplieron el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Además, tampoco cumplieron con presentar un informe anual ante el Congreso. El texto fue modificado y aprobado en tiempo récord para que pueda ser elevado al pleno del Parlamento.

Este nuevo informe fue aprobado con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

La Human Rights Watch (HRW) advirtió horas antes de la decisión judicial, a través de un pronunciamiento, que el Congreso busca controlar las instituciones democráticas del país si conseguían la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

«El Congreso del Perú debería rechazar el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. […] El ataque contra la JNJ forma parte de un patrón de acciones del Congreso para controlar las instituciones democráticas independientes», señala la HRW en un comunicado. 

El organismo recordó que la JNJ «nombra y sanciona a jueces y fiscales, así como a los jefes de entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral», y advierte que estas funciones podrían estar en riesgo.   

«Una junta dominada por intereses políticos pondría en peligro el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho de acceder a un tribunal de justicia imparcial e independiente, y el derecho al voto», alerta la HRW.