Consejero regional Ángel Linares envió a gobernador Sánchez un listado de presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la compra pública. Autoridad regional no precisa si tomará en cuenta lo advertido, qué ha decidido hacer con esa licitación y si restructurará el área de Logística que tantos problemas le ha traído a su gestión.

DEBE ANULARSE ENTREGA DE BUENA PRO

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez se mantiene en silencio respecto de las presuntas irregularidades que rodean al proceso de compra de 25 camionetas para las diferentes comisarías de la Región Arequipa convocada por la gestión que lidera. Sánchez no atiende las preguntas que se le realizan al respecto.

Mientras Sánchez evita las respuestas, el gerente general del GRA, Jesús Hinojosa Ramos, acompañado de los miembros del comité de selección, señalaron que hubo un ligero error el momento de calificar a los postores interesados en hacer negocios con el GRA y que se retrotraerá el proceso hasta la etapa de calificación.

No obstante, para el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares Riveros lo que procede es anular todo lo actuado y reiniciar en la etapa de convocatoria.

El 7 de noviembre, Linares envió una carta al gobernador regional Sánchez, en la misiva le lista las observaciones por él halladas.

PRIMERA Y SEGUNDA

En la página 23 de la sección denominada Requerimiento de las bases Integradas se lee: “En la entrega de los bienes el contratista presentará la documentación que acredite ser: responsable oficial o distribuidor autorizado o concesionario de la Marca del vehículo o estar consorciado con uno de ellos para el caso de modificaciones o acondicionamiento que soliciten los vehículos”.

Linares apunta que resulta inusual que al postor se le requiera que acredite la condición citada en el párrafo anterior en la entrega de las unidades y no en la etapa de presentación de ofertas, que es lo usual y también es objeto de calificación.

Ricardo Cárdenas Carpio, representante del Consorcio Virgencita de Chapi que se adjudicó el contrato de 6 millones 125 mil soles, usa una declaración jurada para precisar que es distribuidor autorizado de la marca del vehículo.

En las mismas bases, observa Linares, se exige que el postor debe tener una red de establecimientos concesionarios y/o talleres con autorización de la marca para el servicio post venta, mínimo de 01 situado en la ciudad de Arequipa.

Nuevamente, Cárdenas Carpio usa una declaración jurada para dejar en claro que cumple con el requisito. En el documento del 23 de octubre adjuntado por el consorcio se asegura que tiene un taller autorizado por la marca para el servicio post venta y refiere el nombre de PERUANA DE MOTORES HG SAC.

“Este incumplimiento solo sería suficiente para no otorgar la buena pro al postor ganador al no cumplir con esta exigencia ya que el postor no ha demostrado que cuenta con una red de concesionarios y/o talleres para el servicio post venta; tanto más, si incluso la declaración jurada no indica nada de la marca Chevrolet, que es la marca ofertada”, precisa Linares Riveros en la comunicación escrita remitida a la autoridad regional.

Asimismo, el presidente del CRA hace notar que ya en reiterados pronunciamientos el Tribunal del Contrataciones del Estado, señala que la acreditación de una exigencia no puede darse solo con una declaración jurada, toda vez que es el propio dicho del postor, requiriéndose que sea acreditada con documentación mucho más objetiva.

TERCERA Y CUARTA

La observación tratada en este ítem está relacionada con el plazo de entrega de las unidades adquiridas que en las bases se señaló eran de 20 días calendario, este tiempo fue cuestionado por GRUPPO AMBIENTALE S.A.C., uno de los postores que pidió se amplíe a 45 porque era un tanto complicado tener las camionetas en solo 20 días.

De otro lado, al también abogado le llamó la atención que se dé otros 40 días al postor para que entregue la documentación de las camionetas, este plazo empieza a correr después que la entidad (el GRA) pague por los vehículos.

“…se ha incorporado un plazo adicional para la entrega de los documentos de 40 días más al que debe agregarse un plazo de 5 días que tiene el mismo postor una vez firmado el contrato para solicitar los documentos a la entidad para hacer el trámite; esto es observable ya que en 20 días estarán los patrulleros en el almacén del GORE y estarán parados esperando que pasen los 45 días para que el postor ganador entregue los documentos completos (tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT) para que recién los entreguen a las comisarías, ya que la Policía que debe dar el ejemplo no va a circular con unidades sin papeles (esto es como la ambulancia del hospital de Cotahuasi que esta botada años en el Hospital y no la pueden usar porque no tienen estos documentos – se repite lo mismo); es por eso que otro postor solicitó que se amplíe el plazo a 45 días, claro para que al momento de la entrega se entregue las unidades y sus papeles; sin embargo, dicha observación no fue acogida”, manifiesta por escrito el consejero regional.

OTRAS INCONSISTENCIAS

En las bases de la licitación se hace mención que el postor debe cumplir con los protocolos del plan de seguridad para la obra, cuando el proceso cuestionado está relacionado con la adquisición de un bien (camionetas). Asimismo, Linares notó que el Comité de Adquisiciones modificó las bases, que son las reglas que rigen el proceso, arbitrariamente.

Finalmente, la observación más grave está relacionada con el hecho de que se bajó la valla en cuanto a la experiencia en facturación que debía ostentar cada proveedor. Inicialmente fue de S/ 6 millones 750 mil y solo consideraba como bienes similares la venta de automóviles y/o camionetas en general. Virgencita de Chapi no alcanzaba a cumplir este requisito que luego se redujo a 6 millones y se incluyó también a las ambulancias. Esta modificación le cayó como anillo al dedo al cuestionado consorcio.