Una nueva irregularidad salpica al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien viene siendo investigada por la Fiscalía de la Nación a raíz de las más de 60 muertes registradas en las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año.

Un informe de control simultáneo de la Contraloría General de la República publicado el 8 de noviembre pasado, al que Infobae Perú accedió, revela cómo se estarían dando las contrataciones de personal en el Ejecutivo.

Según el documento, el Despacho Presidencial estaría usando resoluciones derogadas por la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en marzo de este año para las convocatoria de servidores públicos.

“El Despacho Presidencial viene amparando sus concursos de personal en resoluciones de Presidencia Ejecutiva de SERVIR que se encuentran derogadas, lo cual podría afectar el normal desenvolvimiento de las convocatorias, vulnerándose los principios que rigen la contratación de personal, más aún cuando se trata de resoluciones que regulan la elaboración de perfiles de puestos”, se lee.

La entidad fiscalizadora halló que Palacio de Gobierno hizo esta acción irregular en los procesos CAS N° 011-2023-DP y CAS N° 012-2023- DP, donde se requería los servicios de un especialista de presupuesto y un médico ocupacional.