Por: Carlos Meneses

La Presidenta de la República que hoy se constituye en Washington tendrá ocasión de decir verdades allá y después aquí para que nadie dude de cuáles son los reales propósitos que animan a una campaña que está recortando libertades y colocándonos como un país con restricciones a la prensa.

Hace 77 días que el presidente del Congreso no dialoga con los periodistas y eso demuestra el poco interés que el gobierno, los ministros e incluso la Presidencia de la República tienen para mantener fluidez con la prensa y disminuir las restricciones que tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo se están procurando y son determinantes para que se afirme, en reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en Perú hay restricciones a la labor periodística informativa y fiscalizadora.

En relación con el año 2022, el 2023 ha sido rebajada la puntuación peruana con respecto a libertades y esto se refleja inmediatamente en la consideración que en otras naciones se tiene con respecto a los derechos ciudadanos de estar informados sobre temas nacionales.

Peor aún si se tiene en cuenta que hay esfuerzos de manipulación para ocultar verdades, fallar en plazos previstos y mantener una política de aislamiento con relación a opinión pública que se concierta entre grupos mayoritarios del Congreso y un Poder Ejecutivo que oculta hechos y que la prensa se encarga de revelar mediante investigaciones propias.

Incluso en el Ministerio Público se han dado otras señales de alarma que la Fiscal de la Nación no ha aclarado suficientemente y requieren de esclarecimiento pronto, especialmente en las carpetas abiertas sobre más de 50 muertos hechos ocurridos a principio de año y en crisis política.

La prensa independiente seguirá cumpliendo con su trabajo y algún día, de seguro, podremos decir que en el Perú hay libertad de prensa plena y permanente en todos los sectores públicos que ahora vemos con recortes evidentes.

La Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada y también la Comisión Interamericana. Los peruanos tenemos derecho a estar informados y confiamos en que nuestras instituciones comprenderán la preocupación que nos embarga.