Por: Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

Garantizar los medios de los que depende la protección de los derechos de las personas.

“Sin presupuesto no hay derechos” es una frase que entre actores de la sociedad civil y Estado que participamos en la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) hemos posicionado para reconocer la responsabilidad del sector público a fin de garantizar los medios de los que depende la protección de los derechos de las personas.

En el presente año se han destinado 550.7 millones de soles, es decir, el 0.24% del Presupuesto Público 2023, en el Programa Presupuestal 1002 para la reducción del a violencia física, sexual y psicológica contra la mujer, prevención de los feminicidios, reducción de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y acoso sexual.

La sociedad civil y sectores del Estado plantearon clasificadores de gasto para la asignación del presupuesto con el fin de financiar los servicios clave que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia. Un elemento clave fue vincular el seguimiento de gasto con los indicadores de cobertura y calidad de los servicios, con el propósito de identificar las brechas, avances o retrocesos en la protección de los derechos por acción de la gestión pública. Para ello se tuvo en cuenta que el clasificador de gasto siempre debe estar asociado a cubrir el servicio en su totalidad.

Trabajar de manera articulada entre Estado y sociedad civil permitió identificar actividades que estuvieran reconocidas como clasificadoras de gasto en los anexos de la Ley de Presupuesto Público. Lo cual pasó a ser la base de los programas presupuestales estratégicos (PPE) y programas presupuestales orientados a resultados (PPOR).

Esta metodología permitió una mejor asignación y evaluación de la ejecución de los recursos destinados a los servicios vinculados con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto ha incluido aspectos como el acceso al nombre, la vacunación, logros de aprendizaje, nutrición, entre otros.

En esa misma línea, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia hemos elaborado la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026, la cual busca priorizar las políticas y presupuesto para la mejora de la cobertura, calidad y acceso a los servicios para el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con énfasis en situación de pobreza, desprotección familiar y otras situaciones de riesgo como la violencia sexual.

El llamado que hace Unicef a quitarnos la venda, nos convoca a hablar de ella, pues existe y se presenta en entornos muy cercanos y familiares para las víctimas. La ventaja actualmente es que podemos visibilizar la problemática para fortalecer el sistema de cuidados hacia la niñez y adolescencia. Parte de la tarea es asignar un presupuesto específico para combatirla.