Por: Carlos Meneses

La desaprobación ciudadana no puede ser solo a 130 legisladores, sino al quehacer del Congreso de la República como un todo y así nadie se explica por qué se les otorga un bono de 10 mil soles a todos y cada uno de los servidores que son parte de la condena colectiva. Ese error debe enmendarse, afortunadamente hay congresistas que ya han manifestado su desacuerdo con una decisión que hasta ahora es de responsabilidad exclusiva de la junta directiva actual.

En todas las encuestas en que las preguntas están relacionadas con el quehacer de los organismos del Estado, el Congreso resulta ser el más desaprobado al extremo de no sobrepasar el nivel ni siquiera del 10 por ciento de la consideración colectiva y, consecuentemente, eso no es solo por el desempeño de la mayoría de los 130 parlamentarios, sino del conjunto de quienes también son sus servidores como asesores o empleados.

Por eso llama la atención y el repudio de la ciudadanía el que se haya decidido otorgarles un bono de 10 mil soles a todos aquellos que resulten ser empleados del Congreso sin justificación suficiente, como si merecieran un premio por la asistencia que prestan a quienes tienen polémica actitud como miembros del Poder Legislativo.

La desaprobación no es solo a la labor del Parlamento o al decir de las mayorías que parecieran obedecer a intereses ajenos a los de la República, sino también a la forma en la que se trabaja en su interior y funcionamiento de las dependencias encargadas de cuidar los intereses nacionales y prestigiar a quienes están llamados a ser fiscalizadores del Ejecutivo.

La decisión correspondiente ha sido tomada sin aprobación del propio pleno del Congreso, es una acción limitada a la Junta Directiva que preside el señor Alejandro Soto uno de los más cuestionados funcionarios que ha tenido en los últimos años el Parlamento nacional y quien, por añadidura, hace casi 100 días no contesta pregunta alguna que le formulan los cronistas parlamentarios para saber de asuntos públicos y permitirle defenderse de cuestionamientos que son constantes en la región a la que representa y al propio trabajo de la Junta Directiva del Congreso.