La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió al Poder Judicial que el expresidente Martín Vizcarra y otros paguen la suma de 30 664 035.18 soles como reparación civil al Estado por las presuntas irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua.

La defensa legal de nuestro país presentó esta propuesta inicial de pago solidario de dicha indemnización a favor del Estado dentro de la solicitud que hizo para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que se le inició al exmandatario y otras 20 personas por el presunto delito de colusión y otros, la cual fue aceptada el último 16 de noviembre por la jueza Soledad Barrueto Guerrero, que interviene en este caso.

La magistrada determinó que el pedido de constitución en actor civil que hizo la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato cumplió los requisitos formales establecidos en el Código Procesal Penal para que se apruebe dicho requerimiento.

La decisión de la jueza Barrueto Guerrero habilita a la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer al mandatario y los demás investigados de ser hallados culpables de los cargos que se les atribuyen en este caso.

Mediante una disposición emitida el último 7 de julio, el fiscal Germán Juárez Atoche dispuso que el exjefe de Estado sea investigado por el presunto delito de colusión agravada y otros en perjuicio del Estado peruano.

El magistrado, que integra el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, dispuso comprender en esta investigación preparatoria a los exministros José Hernández Calderón y Edmer Trujillo Mori, quien también ocupó la Gerencia Regional de Moquegua durante la presidencia regional de Martín Vizcarra y a otras 18 personas implicadas en el caso.

El fiscal Juárez Atoche determinó que esta investigación preparatoria se realice en un plazo de 36 meses.

Este caso se archivó  en 2015, pero a raíz de la presentación de un informe de auditoría por parte del procurador público de la Contraloría General de la República se inició una nueva investigación al agregarse nuevos hechos relacionados a la aprobación de adicionales de obra, de un expediente técnico, entre otros, en el marco de la ejecución de obra donde intervinieron funcionarios públicos del Gobierno Regional de Moquegua. Estos se habrían concertado para favorecer al Consorcio Hospitalario de Moquegua, además de haberse interesado indebidamente en la tramitación de otros actos administrativos de esta etapa.