Por María del Pilar Tello – El Montonero

Me aparto hoy de los temas de política y tecnología que suelo abordar, para dar testimonio de cómo el Congreso incumple su alta misión y pretende una vez más engañar al país y a sus electores. Y lo hago con conocimiento de causa, por mi frustrada participación en el concurso para elegir el magistrado que falta para completar el pleno del Tribunal Constitucional.

Podemos preguntarnos a quién creen que engañan cuando forman una Comisión para cumplir tan alto encargo con integrantes que no entienden lo que responden los postulantes en una entrevista personal. Sabemos que ser elegidos congresistas no los hace juristas, constitucionalistas ni politólogos. Por eso sus asesores deberían impedir que aparezcan sus errores de comprensión o su falta de conocimientos sobre materias que no tienen por qué saber. Pero hay principios y normas que sí están obligados a acatar. En especial respetar los derechos fundamentales y las garantías de la justicia.

No se debería usar informes supuestamente confidenciales para evaluar a candidatos que ignoran imputaciones gratuitas sobre las cuales no han podido ejercer su derecho de defensa o contradicción argumentada. No se debería agraviar tan impunemente con afirmaciones falsas, que no se pueden probar, y que afectan honras y dignidades.

Puedo afirmar, después de pasar exitosamente concursos meritocráticos que respetaron la legalidad, que me corresponde denunciar que el actual concurso está viciado por opacidad e ilegalidad. Que la  Comisión reinterpretó y violó su propio reglamento, que tiene fuerza de ley. No quiero personalizar, pero tengo información concreta y precisa. He estado dentro del concurso, y tengo mucho más que decir y sustentar, con pruebas, que lo que puede acoger este espacio siempre generoso.  

Cuando el presidente de la Comisión Especial, José Elías Ávalos, renunció en julio pasado a su importante encargo, usó una clave moral que pocos tuvieron en cuenta: no es posible elegir a quien deberá defender la ley, violando la ley. Elías Ávalos se fue porque la Comisión decidió ignorar una flagrante violación del Reglamento y permitió a tres postulantes continuar en el concurso. Su defensa de la ley fue inútil en un concurso de alta responsabilidad, público y transparente.

En ese momento sonaron las advertencias de parcialidad y los acontecimientos dieron la razón a quienes dudaban. Se aceptó un informe de la Contraloría que los postulantes desconocíamos, por lo que no pudimos presentar descargos. 

La Comisión tiene todo el derecho de investigar y pedir informes a todas las instituciones del Estado para garantizar la idoneidad del futuro magistrado. Pero no puede ocultar y menos usar imputaciones que deben ser aclaradas en base al derecho de defensa. El conocimiento de las imputaciones y la obligación de notificarlas para la propia defensa es una garantía de la justicia.

El silencio no es una opción cuando existen imputaciones que no se pueden probar y que pretenden vulnerar la constitucionalidad que siempre defendemos. Ningún congresista está por encima de la ley. Que el Parlamento reflexione antes de continuar con un proceso que agravia al país en su preciada condición de estado democrático y constitucional de derecho.