Por: Igor Romanchenko – Embajador de Rusia en el Perú

La informatización de la sociedad es un fenómeno objetivo global. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el aumento anual de nuevos usuarios de Internet en promedio es del 10%.

No es de extrañar que también crece rápidamente el número de delitos informáticos, causando grave perjuicio a la actividad económica de los estados y al bienestar de millones de personas.

Las principales potencias desarrolladas se oponen a que el modelo de la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) sea multilateral basado en normas jurídicamente vinculantes y no en ciertas reglas que pueden modificarse para ser adaptadas a la situación política.

Hasta ahora no ha existido ningún tratado universal en el ámbito de la lucha contra la ciberdelincuencia. En 2019, por iniciativa de Rusia, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 74/247 (apoyada por Lima) sobre el establecimiento de un Comité Intergubernamental Especial de la ONU (en el que también participa el Perú) para elaborar una convención internacional integral para combatir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Como promotor y líder intelectual del proceso, Rusia fue la primera en presentar su propio proyecto del documento en julio de 2021.

Rusia y sus aliados consideran que el ámbito de aplicación de la futura convención debe ser lo más amplio posible (incluido el extremismo, el terrorismo, el tráfico de drogas, la incitación a protestas violentas, etcétera), abogan por la introducción de la responsabilidad penal por los delitos más peligrosos y el otorgamiento de todas las facultades necesarias a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para identificar, prevenir, investigar y someter a juicio por los delitos relacionados a las TIC. La parte integral de la convención sería el mecanismo de asistencia mutua urgente que responde al carácter instantáneo de los delitos de las TIC y la fragilidad de las pruebas en el entorno digital. Finalmente, la nueva convención debe tener en cuenta los intereses de todos los países y basarse en los principios de protección de la soberanía estatal, igualdad de las partes y no intervención en los asuntos internos de los estados. Promovemos el aumento de la capacidad de los países en desarrollo para contrarrestar las amenazas en la esfera cibernética.

Lamentablemente, esto no corresponde a los planes del club de los países desarrollados. Intentan incluir disposiciones que permitan el acceso incontrolado a los datos almacenados en el territorio de otros estados, mientras que la responsabilidad de buscar rastros y proporcionar pruebas recaerá en los gigantes informáticos estadounidenses (de esa manera, podrían ser perseguidos los ciudadanos de cualquier país sospechosos de haber cometido delitos cibernéticos).

Las negociaciones sobre la convención han entrado en la fase final. Hacemos un llamado a todos nuestros colegas para que hagan esfuerzos conjuntos para implementar plenamente el mandato del Comité Especial: elaborar una convención integral, cuyo borrador se presentará en el 78º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en 2024.

Esperamos una cooperación activa sobre este tema de nuestros socios peruanos.