El Ministerio Público aseguró ayer viernes que la investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti «no implica criminalizar a nadie» por los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo específicos.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que «debe quedar absolutamente claro» que los investigados en todo momento están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

«Por ello, investigar no implica «criminalizar» a nadie, ni siquiera al investigado. Solo un juez, tras el debido proceso, puede declarar delincuente a una persona. Tampoco la actividad de investigar comprende un prejuicio, ni una hostilización, ni un intento de recortar derechos, ni favorecer a personas o grupos de personas, ni ningún otro fin espurio», indicó.

El Ministerio Público señaló que se debe distinguir entre lo desagradable que pueda ser el estar bajo investigación y de atribuir al ente investigador una intención contraria al ordenamiento jurídico, «cuando éste se limita a cumplir con su rol constitucional».

«Si una persona investigada considera que hace a favor de la sociedad o de la verdad o de la justicia una labor importante, ello no lo hace inmune a una investigación. Los méritos personales que cada uno pueda tener no dan derecho a no ser denunciado», afirmó.

En el documento indica que igualmente es cierto que «nadie tiene derecho a no ser investigado, a menos que la denuncia no reúna las características de la llamada sospecha inicial», según lo términos precisados en el ítem 24.A de la Sentencia Plenaria Casatoria N.°1.2017/CIJ-433, del 11 de octubre de 2017.

Además, el Ministerio Público explicó que Las conductas investigadas se refieren a eventuales delitos que se sindican a los denunciados.

«Lo que interesa a la investigación es averiguar si tales conductas sucedieron o no. Vincular tal investigación con la intención de perjudicar acciones sociales valiosas (como la lucha contra la corrupción o la libertad de prensa) es una mera especulación que no ofrece ningún fundamento, y solo tiene origen en el comprensible desagrado ante la investigación», aseguró.

«Preocupa el avance en las acciones destinadas a criminalizar a los operadores de justicia y periodistas de investigación en nuestro país», señaló en entrevista con El Comercio.

Para José Domingo Pérez, Fuerza Popular y Keiko Fujimori utilizarán la citada investigación del fiscal supremo Alcides Chinchay para solicitar su «exclusión o cese ante el Fiscal de la Nación, quien se encuentra presionado por las denuncias constitucionales del Congreso».