Por: Christian Capuñay Reátegui.

Los problemas internos que presentan los países no deberían constituirse en argumentos para postergar y desatender los asuntos relacionados con la defensa.

En la región, los sectores opuestos a que los gobiernos destinen recursos económicos a compras de equipamiento para la defensa argumentan que existen graves problemas urgentes de atender, entre ellos la brecha en el acceso a servicios sociales esenciales, como salud, educación, saneamiento y seguridad ciudadana. 

Es obvio que están en lo cierto. No obstante, la inversión en defensa puede ejecutarse sin que ello afecte las intervenciones en otros sectores prioritarios, como se puede observar en países de América Latina. 

Por ejemplo, pese a afrontar no solo altos índices de inseguridad ciudadana, sino también la presencia de remanentes de las guerrillas, el Gobierno de Colombia está analizando las compra de aviones de combate para su fuerza aérea, la cual opera en la actualidad aeronaves con casi medio siglo de antigüedad. 

Argentina, por su parte, finiquitó la operación de compra de cazabombarderos aun cuando su economía todavía afronta desafíos complejos. En ese contexto, el Gobierno de ese país ha iniciado un proceso de recuperación de las capacidades de sus fuerzas armadas, el cual ha tenido como primer avance la adquisición de un grupo de cazas usados F-16.

Otro caso es el de Brasil que formalizó el 2014 con la sueca Saab la compra de aviones Gripen por un monto aproximado de 4500 millones de dólares. 

Sería incorrecto sostener que la inversión en defensa debería tener prioridad frente a la urgencia de atender los retos en otros ámbitos, especialmente en el contexto latinoamericano donde existen múltiples brechas sociales. 

Más acertado es señalar que ambas urgencias no se excluyen mutuamente, como lo vemos en los casos antes mencionados. Es tarea y responsabilidad de los gobiernos encontrar los medios más eficientes para atender todas las necesidades, incluyendo la defensa, asumiendo las legítimas críticas que tal proceder genere, aunque buena parte de ellas carezcan del rigor suficiente y no consideren lo crítico que es para la seguridad nacional no contar con los medios disuasivos mínimos. 

Nadie en su sano juicio desearía ver a nuestro país involucrado en un conflicto internacional, pero es una obligación constitucional desplegar con anticipación todas las acciones posibles para garantizar que, en ese hipotético escenario, contemos con los medios que nos permitan cautelar nuestros intereses. Es en tal perspectiva que debería evaluarse la compra de aeronaves de guerra para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y las futuras adquisiciones que se hagan con la finalidad de renovar equipamiento obsoleto del resto de institutos castrenses.