El gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley propuesta por el Congreso, que sanciona a jueces y fiscales que decidan liberar a criminales detenidos en flagrancia delictiva. La nueva norma fue apoyada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

A partir de mañana, 12 de diciembre, los jueces y fiscales que liberen a presuntos delincuentes detenidos por supuestamente haber cometido crímenes con una pena privativa de la libertad mayor de cinco años, serán considerados como infractores de la Ley de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal respectivamente.

Esto solo es aplicable si se considera que en el caso se tienen elementos de convicción suficientes para mantener a los presuntos delincuentes en prisión.

La nueva ley aprobada por el Congreso, también modifica el Código Procesal Penal para acusar de prevaricato y castigar con penas no menor de ocho ni mayor de 12 años de prisión a aquellos jueces y fiscales que incumplan con la ley promulgada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano.

CRITICA LA NORMA

Por su parte, a finales de octubre de este año, el extitular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, sí se manifestó en contra de esta norma porque desde antes de la creación de la ley, ya existían entidades de fiscalización encargadas de investigar las faltas en el ejercicio de las funciones tanto para jueces como para fiscales, como la Junta Nacional de Justicia.

“Esos son los órganos a los que les corresponde investigar”, manifestó tras una ceremonia religiosa para los trabajadores del Ministerio Público.

En la misma línea de lo propuesto por el extitular del Ministerio Público, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior Titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, expresó su preocupación por las leyes recientes promovidas por el Congreso que, según él, dificultan la lucha contra el crimen en Perú.

Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, Chávez Cotrina señaló que las normativas actuales permiten que jóvenes de entre 18 y 25 años sin antecedentes penales eviten la prisión si la condena no supera los ocho años, lo que podría facilitar la reincidencia en actividades delictivas.