Salud confirma que pobladores consumen agua contaminada

Por Jorge Turpo Rivas
La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental reveló que el análisis de las muestras del agua demuestra que tiene presencia de aluminio, arsénico, hierro en cantidades que superan el límite permisible.
EN PROVINCIAS DE CASTILLA Y CONDESUYOS
El director ejecutivo de Salud Ambiental, Fernando Málaga, confirmó que el resultado del reciente estudio de la calidad de agua en las provincias de Castilla y Condesuyos revelan que tienen presencia de metales pesados y superan el límite permitido.
Explicó que la información científica será puesta en manos de los alcaldes y otras autoridades para que tomen medidas relacionadas a mejorar la calidad de agua que se distribuye a la población.
Al menos once centros poblados de Castilla y Condesuyos, como las comunidades de los distritos de Andagua, Chilcaymarca, Cayarani, Orcopampa, Chachas, entre otros, están siendo especialmente afectadas.
Málaga indicó que su institución no tiene competencia para determinar la fuente de contaminación. “Esa función le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, a la Autoridad Nacional del Agua y la OEFA”, comentó.
Agregó que, para determinar el daño en la salud de las personas por el consumo de esa agua, se deben realizar análisis de sangre en la población, una labor que debe emprender la Gerencia Regional de Salud.
La calidad del agua en Castilla y Condesuyos alcanzó niveles alarmantes debido a la contaminación con metales pesados como aluminio, arsénico, hierro y manganeso.
Este problema ha generado un impacto significativo en más de 8,000 familias, quienes dependen de estas fuentes hídricas tanto para el consumo humano como para actividades agrícolas y ganaderas.
Por su parte, el alcalde de Cayarani, Raúl Uracahua, advirtió que esta situación no solo afecta la salud de las personas, sino también la calidad de la carne y el estado de los animales en la región.
Ante este escenario, se han exigido medidas urgentes para mitigar el impacto ambiental y proteger a la población vulnerable, especialmente a niños y adultos mayores.
PROBLEMA LATENTE
De otro lado, Uracahua, dijo que la contaminación del agua se atribuye en gran medida a las operaciones de la mina Poracota, gestionada por la Compañía de Minas Buenaventura. Aunque la unidad minera dejó de operar en el 2016, su deficiente cierre ha permitido el vertimiento de aguas contaminadas en quebradas y ríos locales.
Estas aguas, cargadas de sulfatos y metales pesados, llegan incluso a los distritos cercanos, agravándose con las lluvias que intensifican la dispersión de los contaminantes.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmó que en la quebrada Huamanihuayta se detectaron niveles de pH, aluminio, cobalto, hierro y manganeso superiores a los estándares ambientales permitidos.
Según los informes, cerca de 800 familias del distrito de Cayarani dependen directamente de estas aguas contaminadas para su consumo diario, poniendo en riesgo su salud y bienestar.
El pasado diciembre, autoridades locales y pobladores de Cayarani solicitaron a la OEFA y al Ministerio de Energía y Minas un plan de intervención urgente para mitigar la contaminación en la mina Poracota.
Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, las comunidades han dado un ultimátum de 72 horas al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, para que se presente en la zona. De no cumplirse, se iniciará una paralización como medida de fuerza.
Mientras tanto, la consejera regional Natividad Taco indicó que ha gestionado la solicitud de declaratoria de emergencia ambiental y social para las provincias afectadas, destacando que el impacto no solo se limita a Cayarani y Umachulco, sino que también afecta a Andagua y otras localidades vecinas. «No permitiremos que se dejen pasivos ambientales sin resolver. Exigimos sanciones, multas y acciones concretas de mitigación», señaló Taco.
IMPACTO EN LA SALUD
La contaminación con metales pesados tiene consecuencias graves para la salud, especialmente a largo plazo. Arsénico, hierro y aluminio son sustancias tóxicas que, al ser ingeridas en cantidades elevadas, pueden causar daños en órganos vitales, problemas neurológicos y enfermedades crónicas.
Por ello, autoridades como la Gerencia Regional de Salud han sido instadas a realizar análisis de sangre y orina en los pobladores de las áreas afectadas, priorizando a los niños y adultos mayores.
Además del impacto en la salud humana, los efectos también son visibles en el medio ambiente y la fauna local. La muerte de camélidos, una fuente vital de sustento para muchas familias, se ha convertido en un problema recurrente en la zona.
Los agricultores locales también han reportado alteraciones en los cultivos y en la calidad de la tierra, agravando la situación socioeconómica de estas comunidades.
La crisis ambiental en Castilla y Condesuyos pone en evidencia la necesidad de reforzar la regulación y supervisión de las actividades mineras en el país.
La solución a este problema no solo pasa por la sanción a los responsables, sino también por la implementación de medidas efectivas para el cierre de las minas inactivas y la rehabilitación de las zonas afectadas.
A medida que la situación avanza, la atención está puesta en las acciones que tomarán las autoridades nacionales y regionales. La población espera respuestas claras y contundentes, mientras la amenaza de una crisis social y sanitaria sigue latente.