En Pataz, zona de conflicto, ya fallecieron más de 50 personas a manos de sicarios y extorsionadores.

El último domingo, la minera Poderosa confirmó que fueron encontrados los cuerpos sin vida de los trece trabajadores que, el pasado 26 de abril, fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales en la provincia de Pataz, región La Libertad. 

Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), en diálogo con RPP, condenó no solo este macabro hecho criminal, sino también la «inacción» del Gobierno ante la situación que se vive en dicha jurisdicción.

«No solamente condenamos el cruel asesinato de los 13 trabajadores de un minero artesanal en Pataz, sino también condenamos la inacción de nuestro gobierno y creemos que es oportuno marcar un antes y un después», señalaron.

Asimismo, consideró que la primera acción que deberían emprender las autoridades competentes para que no se repitan estos hechos es no extender más el plazo de los mineros informales para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

«El Reinfo es usado como un escudo por mineros ilegales que ahora no solamente atacan a mineros artesanales, a la pequeña y mediana minería, sino también a la gran minería. El Reinfo no permite que las fuerzas policiales y las autoridades actúen con prontitud, a pesar de haber crímenes e ilícitos que se están desarrollando en diferentes zonas de nuestro país. Entonces, el Reinfo no puede extenderse más, debe llegar a un fin y necesitamos que nuestras autoridades puedan tomar acción y todas las autoridades», señaló.

«He escuchado que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) quiere extenderlo hasta fin de año. Lo que necesitamos es poner ya coto, una fecha definitiva, y no extenderlo más […] No podemos seguir aceptando y tener mineros en formalización por siempre. Los que ya se inscribieron deben cumplir ahora con los requisitos y, por su parte, tanto el Minem, el gobierno regional correspondiente y cada una de las instituciones del Estado -empezando por Ministerio Público, Ministerio del Ambiente, entre otros- deben cumplir su rol y fiscalizar a estos mineros que están ya inscritos en los Reinfos y, en adelante, ya no van a ser reinfos, van a tener que ser mineros formales que se rijan por la nueva ley de minería artesanal y pequeña minería», agregó.

En ese sentido, Torreblanca resaltó que el proyecto de la ley MAPE «todavía está en discusión y en revisión por parte del Congreso«.

FALLECIDOS

La presidenta de la SNMPE consideró que la segunda acción que debe emprender el Ejecutivo es dotar de mayor presupuesto a las fuerzas del orden que combaten la minería ilegal pues, según dijo, ya van más de 50 personas asesinadas en Pataz debido a dicha actividad ilícita.

«No son 13 las personas que han muerto debido a la minería ilegal, son más de 50, solamente en la zona de Pataz y en la zona de [la minera] Poderosa. Entonces, lo que necesitamos es una decisión política, no solamente del Ejecutivo, no solamente del Minem, que desde que la Ley 32213 se ha dado tiene ya competencia en la minería ilegal, sino también de los gobiernos regionales [que] tienen la obligación y han tenido durante más de 15 años la facultad de fiscalizar a los mineros ilegales, ¿qué han hecho en este periodo?», cuestionó.