El reciente pedido de aumento salarial de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha desatado una intensa polémica en el escenario político y social peruano. Según documentos oficiales, la mandataria busca incrementar su remuneración mensual de S/ 16 000 a S/ 35 568, lo que representa un aumento del 122 % y la posicionaría como una de las autoridades mejor remuneradas del país, superando ampliamente a sus antecesores y a otros altos funcionarios públicos.

Justificaciones técnicas y argumentos oficiales

El informe que respalda la solicitud fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El documento señala que el salario actual de la presidenta es inferior al de sus pares en la región y menor al de varios funcionarios nacionales, como ministros y jefes de organismos autónomos. Además, se apoya en recomendaciones internacionales, como las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren que los salarios públicos deben reflejar la responsabilidad y el valor del puesto.

El análisis técnico del MEF compara la remuneración presidencial peruana con la de otros doce países latinoamericanos, ubicando a Perú en el penúltimo lugar. El informe enfatiza que la propuesta busca “asegurar coherencia con el contexto internacional” y dignificar la figura presidencial.

Reacciones políticas y sociales

La propuesta ha generado posturas encontradas en el Congreso y en la sociedad civil. Mientras algunos congresistas consideran que el aumento es inoportuno y desproporcionado frente a la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la desaprobación histórica del Ejecutivo, otros defienden la necesidad de equiparar el salario presidencial con el de otras autoridades para fortalecer la institucionalidad del cargo.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó abiertamente la pertinencia del debate sobre el aumento salarial en un contexto de emergencia nacional, señalando que la prioridad debe ser la seguridad y el bienestar de la población. Gutiérrez calificó la discusión como un “despropósito” y pidió mayor empatía a la presidenta y su gabinete.

Contexto y repercusiones

El pedido de incremento salarial se produce en medio de investigaciones fiscales contra Boluarte y un clima de desconfianza ciudadana, con niveles de desaprobación superiores al 90%. Además, la propuesta ha sido filtrada a la prensa en un momento especialmente sensible, tras la matanza de 13 mineros en Pataz y el avance de la criminalidad organizada.

De aprobarse el aumento, la presidenta percibiría casi 35 veces el salario mínimo vital (S/ 1 025), una cifra que ha sido duramente criticada por sindicatos y organizaciones sociales, quienes exigen mayor austeridad y transparencia en la gestión pública.

Conclusión El debate sobre el aumento de sueldo de Dina Boluarte no solo revela las profundas brechas salariales y sociales en el país, sino que también pone en tela de juicio las prioridades del gobierno en un contexto de crisis y descontento generalizado. La decisión final, que aún debe ser aprobada por la PCM, será determinante para la percepción pública del liderazgo presidencial y la estabilidad política del Perú.