Poder Judicial: ley que modifica extinción de dominio es «lesiva»

Poder Judicial advierte riesgos en lucha contra crimen organizado.

A través de un comunicado, el Poder Judicial advirtió que la Ley 32326, que modifica la Extinción de Dominio, la misma que fue promulgada por el Ejecutivo, representa un riesgo para la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos ilícitos.

Explicó que la especialidad de decomiso sin condena o extinción de dominio es una herramienta reconocida internacionalmente para retirar del comercio ilícito los activos utilizados u obtenidos fuera de la ley, los cuales muchas veces escapan al alcance del derecho penal, como en casos de testaferros, tráfico de datos, suplantación de identidad o comercio en el mercado negro.

Desde 2019 hasta el primer trimestre de 2025, señala el documento- el Poder Judicial logró recuperar a través de este mecanismo más de 172 millones de dólares.

Sin embargo, advierte que la reciente ley desconoce el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debilitando los avances logrados en la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales.

La entidad judicial también resalta que con esta modificatoria se incumplen compromisos internacionales, lo que podría exponer al país a ser incluido en listas de alto riesgo económico, como la “gris oscura” o incluso la “lista negra”, lo que impediría acceder a entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y podría acarrear sanciones internacionales.

El Poder Judicial sostiene, además, que la reforma legislativa debilita la labor del subsistema nacional, permitiendo que los activos ilícitos sigan circulando libremente, alimentando la minería ilegal, el sicariato, extorsión, narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, entre otros delitos graves.

Finalmente, la entidad recordó que el 82.2 % de los procesos resueltos por los jueces del subsistema no han sido impugnados ni cuestionados, lo que demuestra su eficacia y legitimidad.

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