Por Jorge Turpo R.

El gerente regional de control de Arequipa, Samuel Enrique Rivera Vásquez, indica que la legislación tampoco les permite participar en los procesos de adjudicación de obras. Anunció además la intervención en el caso de “El club de los Consultores” en el GRA.

RECORTE PRESUPUESTAL AFECTA FISCALIZACIÓN

En Arequipa, las obras públicas suelen empezar mal antes de colocarse el primer ladrillo. Samuel Enrique Rivera Vásquez, gerente regional de control de la Contraloría General de la República, lo explica sin rodeos: “El principal problema está en la formulación de los expedientes técnicos. Y la Contraloría, por ley, no puede participar en esa etapa. La Contraloría no puede intervenir en la formulación de expedientes técnicos”.

Es en esos documentos donde se siembran los errores que más tarde se traducen en estructuras mal hechas, hospitales inconclusos o gastos inútiles.

Rivera sostiene que los gestores públicos presentan expedientes con fallas graves que, sin un control previo, terminan aprobados: “Nosotros podemos advertir después, cuando ya la obra ha empezado”, admitió.

El control concurrente, que consiste en acompañar la ejecución de los proyectos, no es suficiente. Por eso ahora han implementado un nuevo enfoque: el control preventivo. “Buscamos alertar antes de que ocurra el problema, no después. Pero aun así no tenemos facultades para revisar expedientes antes de su aprobación. Eso requeriría un cambio legal y más presupuesto, porque implicaría contratar a especialistas en diferentes disciplinas. Y ahora mismo estamos operando con menos personal que el que teníamos el año pasado”, advirtió.

Lo paradójico es que los alcaldes y gobernadores suelen culpar a los expedientes mal hechos para justificar el retraso o el fracaso de sus obras. Lo que dicen es cierto, pero también es su responsabilidad. Y sin herramientas legales, la Contraloría no puede intervenir a tiempo.

TORRE LAPAROSCÓPICA SIN USAR

Los errores técnicos no solo retrasan obras, también afectan vidas. Un ejemplo dramático es el hospital Maritza Campos. Esta infraestructura sanitaria, paralizada desde hace seis años, alberga 89 equipos médicos nuevos y empacados, entre ellos una torre laparoscópica que podría estar salvando vidas en el hospital Goyeneche, donde más de 4 mil pacientes necesitan ese equipo.

Rivera explica que su oficina ha realizado diversas reuniones con el Gobierno Regional para ofrecer soluciones legales y técnicas que permitan la reubicación de esos equipos, sin tener que esperar la liquidación total del proyecto.

“Les hemos dado cuatro alternativas distintas. Ya pasaron 90 días desde que iniciamos estas conversaciones. Es inaceptable que estos equipos sigan almacenados mientras la gente muere por falta de atención”, reclama.

La contraloría ha propuesto separar el componente de equipamiento biomédico de la obra total, lo que permitiría su uso inmediato en otros centros médicos.

“No se necesita liquidar toda la obra, solo la partida correspondiente a los equipos”, dijo.

Pero todo indica que hay funcionarios que no quieren firmar por miedo a ser denunciados. El órgano de control les dio una solución técnica y legal, ahora sólo falta voluntad.

Rivera indicó que el plazo fijado para tomar una decisión es el próximo 22 de mayo. Ese día se debería tener el destrabe listo. Los funcionarios que no se atrevan a disponer el uso de esos equipos, podrían ser denunciados por omisión de funciones.

“EL CLUB DE LOS CONSULTORES”

El segundo gran foco de corrupción en Arequipa está en los procesos de adjudicación. Se producen presuntos direccionamientos encubiertos hacia empresas “amigas” de funcionarios o autoridades.

Un caso reciente es el llamado “Club de los Consultores”, en el que un mismo grupo de profesionales aparece en distintos proyectos, todos relacionados a los expedientes de saldo de obra de los hospitales abandonados.

“La normativa no prohíbe que un consultor participe en varios procesos, incluso en diferentes empresas. Pero si vemos patrones repetidos, hay una hipótesis de favorecimiento. No afirmamos que hay corrupción, pero sí que hay elementos para investigarla”, explicó Rivera.

La Contraloría ya ha dado instrucciones al Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional para que recopile toda la documentación de estos casos.

“Estamos revisando si se respetaron los principios de libre competencia y si hubo eliminación de postores. De confirmarse irregularidades, iniciaremos acciones de control posterior con responsabilidades administrativas o incluso penales”, afirmó.

Lo que no puede hacer la Contraloría —y esto es una limitación estructural— es participar directamente en los procesos de selección. Solo puede asistir como veedora si la entidad lo solicita, y sin poder emitir opiniones vinculantes.

“Nuestra presencia es formal, pero no podemos intervenir en la evaluación de postores. Eso lo hace el comité de selección, que actúa bajo el principio de buena fe. Y ahí está el problema”, indicó Rivera.

RECORTE PRESUPUESTAL

Este año la Contraloría enfrentará enormes limitaciones para combatir eficazmente la corrupción en el origen del problema por un significativo recorte presupuestal.

“Al inicio del año teníamos 310 personas, ahora apenas llegamos a 220. Podríamos quedarnos con 150, menos del 50 % de nuestra capacidad operativa”, advirtió Rivera. Sin personal suficiente, sin marco legal adecuado y con una ciudadanía que exige resultados inmediatos, el reto del control público en Arequipa es inmenso.

Sin embargo, Rivera mantiene la convicción: “Sí se puede combatir la corrupción. Pero necesitamos herramientas, presupuesto y voluntad política”, indica.

Lo que queda claro es que mientras los expedientes técnicos se sigan haciendo mal y las obras se entreguen “a dedo”, la Contraloría seguirá llegando tarde.