La Junta de Fiscales Supremos, encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció ayer  lunes sobre la reciente promulgación de la norma que modificó la ley de extinción de dominio, herramienta a través de la cual se podía decomisar bienes obtenidos ilícitamente.

DELINCUENTES SEGUIRÁN DISFRUTANDO SUS BIENES

Como se sabe, el último sábado, el Ejecutivo promulgó dicha norma impulsada por el Congreso, que establece que dicho proceso solo podrá aplicarse en casos en que haya sentencia firme y definitiva, excepto para casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio.

Además, indica que la extinción de dominio «prescribe en cinco años contados a partir de que la sentencia ha quedado firme y consentida o de la emisión del laudo».

Al respecto, la titular del Ministerio Público expresó su «rotundo rechazo» a esta ley y advirtió que los cambios al proceso de extinción de dominio afectarán a más de 2 mil casos a nivel nacional.

«Con la modificación aprobada se deberá contar con una sentencia firme y consentida, luego de un proceso largo, pues demora mucho tiempo, para que recién el Estado pueda iniciar el proceso de intervención en la propiedad o tenencia de activos ilícitamente adquiridos de quienes están siendo procesados por delitos de mucha gravedad, como son corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos contra el medioambiente y la criminalidad organizada», señaló.

«De los 5753 casos de extinción de dominio se afectarán negativamente 2374 casos. Esto significa que 2374 delincuentes y testaferros seguirán disfrutando impunemente de sus bienes, sus ganancias, el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, recapitalizando e invirtiendo nuevamente para fortalecer aún más sus organizaciones criminales», agregó. 

Asimismo, Espinoza Valenzuela indicó que otro de los aspectos graves que genera la promulgación de esta ley «es que el sistema de administración de justicia habrá trabajado en vano, pues el Estado tendrá que devolver propiedades y dinero, así como tendrá que desbloquear cuentas embargadas dentro y fuera del territorio nacional, que pertenecen a personas vinculadas a los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, contra el medioambiente y la criminalidad organizada, así como a sus testaferros, cuando no exista una sentencia firme y consentida». 

La fiscal de la Nación indicó que la norma fue aprobada por el Ejecutivo «sin ninguna observación» y que «no ha tomado en cuenta los sustentos, opiniones ni recomendaciones técnicas realizadas desde el Ministerio Público, así como por otras instituciones que expresaron oportunamente su preocupación y alertaron sobre esta peligrosa modificación».

Cabe resaltar que la jefa de Estado promulgó la ley antes del plazo para observarla y sin considerar las reiteradas observaciones del Ministerio de Justicia.