Por Jorge Turpo Rivas

El Poder Judicial le dio la razón a la familia Vásquez Rosas, protegiendo su reclamo de titularidad del Fundo Huacán. La empresa minera todavía no se ha pronunciado sobre esta decisión judicial.

MILLONARIA INVERSIÓN EN RIESGO

El megaproyecto minero Zafranal, con una inversión estimada de más de 1 263 millones de dólares y ubicado en el límite de las provincias arequipeñas de Castilla y Caylloma, no podrá iniciar su fase de construcción en al menos 170 mil hectáreas del terreno que considera clave para sus operaciones.

¿La razón? Una medida cautelar obtenida por Katherine Vásquez Rosas, que reclama la titularidad del predio conocido como Fundo Huacán.

Respecto a la propiedad superficial. El juicio interpuesto por la familia Vásquez es para que se anule el contrato de usufructo entre Zafranal y Autodema.

Todo se complica para la minera porque para construir necesita acreditar la administración de la superficie. Pero la medida cautelar ordena no construir, no actuar sobre el terreno. No le anula la concesión minera, pero sí le prohíbe construir en ese predio.

El conflicto no es nuevo, pero ahora ha escalado a un punto crítico. La familia Vásquez sostiene que esas tierras, sobre las cuales pesa un contrato de usufructo firmado entre Autodema y la empresa minera, les pertenecen legítimamente.

Y para reforzar su posición, cuentan con una escritura pública que evidencia que en 2016 la propia Compañía Minera Zafranal les pagó aproximadamente 60 millones de dólares por esas tierras, reconociéndolas como “propiedad de interés”.

Es decir, Zafranal firmó contratos y pagó a ambas partes en disputa: a Autodema por el usufructo, y a los Vásquez por la supuesta propiedad.

“El contrato de usufructo tiene varios vicios, por ejemplo, el haber obviado que existe un proceso de mejor derecho sobre la propiedad. Eso debió ir estipulado en el contrato, no se entiende por qué lo quieren obviar. Al no hacerlo están vulnerando mis derechos”, dijo Vásquez Rosas.

Hoy, esa duplicidad cobra factura. Con la medida cautelar en curso y el proceso judicial en marcha, el inicio de obras previsto para este 2025 queda paralizado en el área clave del proyecto.

Zafranal, que tiene como principales accionistas a la canadiense Teck Resources Limited (80 %) y a la japonesa Mitsubishi Materials Corporation (20 %), había logrado que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fuera aprobado. Pero no podrá mover una sola piedra mientras no se resuelva la disputa por la propiedad.

El juez Carlos Polanco tiene a su cargo el caso.

INTERVENCIÓN DE AUTODEMA

A este conflicto legal se suma una discusión política y territorial de fondo: Autodema, la entidad regional a cargo del proyecto Majes Siguas, mantiene inscrito a su nombre el 93 % del territorio del distrito de Huancarqui, donde se sitúan parte de los terrenos en cuestión.

El problema es que muchas de esas tierras —incluso plazas, calles y propiedades comunales— existen desde antes de la creación de Autodema, lo que ha generado superposición registral y ha impedido por décadas el saneamiento de predios de los pobladores de Huancarqui.

Desde el Consejo Regional de Arequipa, dos de los tres miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial han solicitado la nulidad absoluta del contrato de usufructo otorgado a Zafranal por 30 años.

Argumentan que no se cumplieron los requisitos legales y que la autorización no contaba con el aval del área competente del gobierno regional.

La resolución ejecutiva que permitió el usufructo está ahora en la mira de la Procuraduría Pública, la Oficina de Control Interno y la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios.

“La negociación del usufructo debería hacerla la Municipalidad de Huancarqui, no Autodema, que tiene el control de nuestro territorio desde hace más de 40 años”, dijo la consejera por Castilla, Natividad Taco Cueva.

También cuestionó cómo es que Zafranal pagó a un privado por tierras que, en teoría, le pertenecen al Estado. Si el terreno finalmente se reconoce como propiedad de la familia, ese dinero sería un adelanto válido. Pero si no, la empresa habría perdido 60 millones de dólares.

Este embrollo legal y político ocurre en un contexto sensible para la economía y la inversión privada.

A nivel nacional, el proyecto Zafranal ha sido declarado de interés estratégico por su potencial de producción de cobre y su capacidad para generar ingresos fiscales y empleo.

Pero en el terreno, la falta de claridad sobre la propiedad de los predios y las denuncias sobre contratos irregulares dejan en suspenso cualquier expectativa.

Más allá de los millones de dólares en juego, la disputa por el Fundo Huacán abre un debate urgente sobre cómo se gestionan las inversiones extractivas en el Perú. ¿Puede un proyecto avanzar sobre terrenos cuya propiedad está en disputa? ¿Quién responde por los errores cometidos en las negociaciones? ¿Y cuánto pierde una región cuando se negocian hectáreas sin consenso ni transparencia?

RESPUESTA

El Pueblo solicitó, a través de canales oficiales, la versión de la empresa Zafranal sobre este caso y la respuesta se limitó a señalar lo siguiente: “Zafranal responderá según corresponda ante los tribunales”.  

Mientras que, desde Autodema, el gerente ejecutivo Duberly Otazú dijo que esperan acceder a la medida cautelar a favor de la familia Vásquez para realizar el análisis legal respectivo y proceder a tomar algún tipo de decisión sobre el contrato de usufructo.