Cuestionada gestión de Juan José Santiváñez.

El mayor Gianfranco Tolentino Farfán, imputado por la muerte del manifestante Víctor Santisteban durante las protestas antigubernamentales en Lima durante enero de 2023, fue asignado a la División de Seguridad Presidencial, lo que le permitió incorporarse directamente a labores en Palacio de Gobierno, según un informe difundido por OjoPúblico.

Su incorporación se produjo en septiembre de 2024. En diciembre de ese mismo año, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte lo promovió de capitán a mayor. La decisión fue tomada durante la gestión del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que el Ministerio Público ya había remitido evidencia a la Inspectoría de la Policía Nacional (PNP) sobre la participación de Tolentino Farfán en el operativo donde falleció Santisteban. El objetivo era que se le abriera un proceso administrativo disciplinario.

El manifestante fue herido durante los enfrentamientos con la Policía en el centro histórico de Lima. Un efectivo policial le disparó un cartucho de gas lacrimógeno a una distancia tan corta que le causó la muerte. Los registros fiscales confirmaron que Tolentino Farfán se encontraba cerca del lugar donde fue alcanzado por el proyectil.

Según documentos citados por el portal de investigación, durante los ocho meses que lleva en Palacio, el oficial ha estado destinado tanto a la custodia del recinto presidencial como a la vigilancia del domicilio de la mandataria. Fuentes policiales consultadas por OjoPúblico afirmaron que los presidentes suelen intervenir en la selección de los efectivos que ingresan a la División de Seguridad Presidencial. En algunos casos, incluso se efectúan traslados desde otras unidades, aunque los policías no cuenten con la capacitación necesaria.

Las imágenes fueron difundidas por un medio local fueron otorgadas por cámaras de seguridad de la zona. Ahí se observa el preciso instante en el que un objeto impacta en la parte superior del fallecido y acto después este cae al suelo. Un humareda invadió el lugar.

“Hemos visto cómo, en el caso de Pedro Castillo, él se jaló a todos sus amigos, a sus paisanos. Lo que pasa es que hay cierta jerarquía, el presidente es el jefe supremo y, a veces, ordena”, declaró el exministro del Interior, Cluber Aliaga. El excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, también confirmó esta práctica: “Así es [los presidentes solicitan a ciertos efectivos]”.

De acuerdo con la Fiscalía, Tolentino Farfán, como jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y al encontrarse cerca de los hechos, tenía la posibilidad de impedir el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes bajo su mando.

Para determinar su ubicación exacta, el Ministerio Público analizó los registros de comunicación de las radios portátiles utilizadas por los policías desplegados ese día. En un primer momento, Tolentino Farfán afirmó que había empleado la radio del suboficial Fernando López Barreto, conductor de la moto en la que se desplazaba.

Sin embargo, durante una diligencia de verificación de voz, reconoció su participación en una conversación registrada el 28 de enero de 2023 a las 6:16 p.m., lo cual evidenció que utilizó un equipo distinto al declarado. Esta información permitió a la Fiscalía situarlo más cerca de la escena del crimen.

Antes de ser promovido por el Ejecutivo, el oficial desempeñó funciones en Arequipa entre enero de 2020 y marzo de 2022, cuando el actual jefe de la PNP, Víctor Zanabria, también ejercía cargos en esa jurisdicción. Zanabria, quien también figura como investigado en el caso por la muerte de Santisteban, confirmó esta relación en una declaración fiscal.

La oficina presidencial no emitió respuesta al respecto. Desde el área de prensa de la PNP y por parte del oficial implicado se indicó que no brindarían declaraciones. A través de una publicación en X, antes Twitter, Santiváñez afirmó que el ascenso se realizó conforme a la ley y que, al no existir mandato judicial, no se podía impedir.