A través de un pronunciamiento, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) advirtió que la ley que autoriza la transferencia de terrenos del PEIMS-Autodema a cinco municipios distritales pone en riesgo el desarrollo del proyecto especial Majes Siguas. Desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA), cuestionaron que esta norma evidencia una descoordinación entre el trabajo del Ejecutivo regional y los congresistas de la República elegidos por Arequipa.

La ley, promovida por los congresistas María Agüero Gutiérrez y Edwin Martínez Talavera, autoriza la separación de terrenos no afectados en uso y sin utilidad agrícola adjudicados al PEIMS-Autodema, y su transferencia a los municipios de Huancarqui, Uraca, Lluta, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas y Quilca. Los gobiernos locales argumentan que la creación del PEIMS-Autodema fue confusa, ya que gran parte de los terrenos adjudicados se superponen con partidas pertenecientes a varios municipios. En ese sentido, consideran que el desmembramiento era necesario, aunque desde el CRA señalan que faltó mayor diálogo.

“Son miles de hectáreas que se desmembrarían de Autodema. No creo que esta sea la solución para llegar a un entendimiento. Hay áreas que se pueden otorgar para vivienda, pero otras no, porque son productivas. Debió haber mayor coordinación en la ley –entre el Gobierno central y el GRA– para evitar afectaciones a lo trabajado por Autodema. Es necesario reconocer la propiedad de los distritos sobre algunas áreas, pero se pudo hacer de una mejor manera”, declaró Fernando Cornejo Pacheco, consejero regional electo por Arequipa.

Desde el GRA, sostienen que la ley carece de sustento técnico y transforma un proyecto cuya finalidad es productiva y generadora de empleo, para destinarlo a fines inmobiliarios. Además, advierten que la norma vulnera la Ley N.º 23740 –que creó y adjudicó los terrenos a Autodema– y la Ordenanza Regional 23-Arequipa. En ese sentido, instan a las entidades públicas y privadas a rechazar la ley. Desde el CRA, consideran necesario evaluar si la norma podría poner en riesgo las 38 mil hectáreas del proyecto Majes Siguas.

Por ahora, el GRA –a través del PEIMS-Autodema– debe cumplir con lo dispuesto por la ley nacional. Sin embargo, han anunciado que realizarán consultas legales para determinar si existen fundamentos para plantear las acciones legales correspondientes. En tanto, aún falta que se difundan los lineamientos de la norma.