Trabajadores protestaron contra despido arbitrario.

Argumentando falta de presupuesto, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) busca finalizar la contratación de 57 trabajadores CAS del centro de salud Cocachacra, en la provincia de Islay. Ayer, el personal médico y asistencial del establecimiento protestó contra lo que consideran un despido arbitrario. Aseguran que, según el contrato CAS suscrito en diciembre de 2024, su vínculo laboral debería extenderse hasta noviembre de 2025. Además, advierten que su retiro afectará gravemente la atención que se brinda en el establecimiento.

Los trabajadores denuncian que están siendo presionados para firmar cartas de cese. Atribuyen esta medida a la actual gestión de la Geresa, encabezada por su titular, Walther Oporto Pérez. Según indican, la raíz del problema es que la Geresa no realizó a tiempo el requerimiento presupuestal ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que el centro de salud Cocachacra no cuenta con fondos suficientes para garantizar la continuidad de sus servicios ni del personal contratado.

Actualmente, el establecimiento cuenta con 90 trabajadores. Sin embargo, con el despido de 57 de ellos, apenas quedarían 33. La reducción no solo restaría personal clave, sino que también impediría brindar atención las 24 horas del día. Especialidades como obstetricia, psicología, vigilancia epidemiológica, nutrición y odontología se quedarían sin profesionales.