Duberly Otazú García, gerente ejecutivo del PEIMS-Autodema.

Tras la promulgación de la Ley N° 32352, se autorizó la transferencia de terrenos no afectados en uso y sin utilidad agrícola, adjudicados al Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS) – Autodema, a favor de seis municipios distritales. Ante la posibilidad de perder cientos de hectáreas, la entidad –respaldada por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA)– inició un análisis legal para evitar perjuicios al proyecto Majes Siguas. Además de evaluar una posible demanda de inconstitucionalidad, se analiza el sustento normativo de la ley para determinar si corresponde su aplicación.

«Ahora estamos evaluando si esta ley [Ley N° 32352] es aplicable o no. Hay antecedentes, como la Ordenanza Regional N° 260, que establecía el reasentamiento de la población de Maca, pero fue imposible de ejecutar. [En paralelo] estamos estudiando la normativa para interponer una demanda constitucional contra la ley. Posteriormente, se buscaría apoyo político [en congresistas]. Se debe tener cuidado con leyes que hacen daño a Arequipa», declaró Duberly Otazú García, gerente ejecutivo del PEIMS-Autodema.

Otazú García también informó que su equipo evalúa cuántas hectáreas podrían perderse por el desmembramiento de terrenos en favor de los municipios. Añadió que el proyecto de ley impulsado por los congresistas Edwin Martínez y María Agüero respondería a intereses particulares. Afirmó que el principal perjudicado sería el proyecto Majes Siguas, proyecto considerado de interés nacional.

Pese a la negativa a entregar terrenos, Otazú García no propuso ninguna alternativa para facilitar la gestión de distritos como Huancarqui y Corire, cuyas jurisdicciones se encuentran casi en su totalidad bajo la titularidad de Autodema. Aunque desde hace dos años la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de Arequipa trabaja en una iniciativa con ese objetivo, el gerente del PEIMS-Autodema desconoció los avances y deslindó participación.