Minería ilegal mueve miles de millones de dólares. Durante la exposición ante el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reveló cifras preocupantes sobre el crecimiento de la minería ilegal en el país. Según detalló, entre 2022 y 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros sospechosos por un total de US$ 2 804 millones. De este monto, al menos US$ 2 248 millones, es decir, cerca del 80 %, estarían directamente relacionados con actividades mineras ilícitas.

SEGÚN INVESTIGACIÓN DE LA UIF

La UIF emitió 161 informes en los que rastrea flujos de dinero vinculados a redes que operan al margen del sistema formal, eludiendo impuestos, regulaciones ambientales y controles laborales.

No se trata de un fenómeno reciente. Un reporte anterior de la misma entidad ya alertaba que entre 2012 y 2022 se habían registrado más de 3 900 operaciones sospechosas por un total de US$ 18 478 millones, confirmando que la minería ilegal constituye una economía paralela que opera desde hace más de una década con altos niveles de impunidad.

LAS CIFRAS AUMENTAN CON EL COBRE

Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el monto reportado por la UIF podría estar por debajo de la cifra real, ya que solo se estaría considerando parte del universo de operaciones ilícitas. Según explicó, si se considera el procesamiento de otros minerales como el cobre se ampliaría significativamente la escala del daño económico.

“Con relación a la cifra, no hay manera de poder validar montos al ser una actividad de naturaleza ilícita y no bancarizada, pero todo parece indicar que la cifra real sería mucho mayor a los US$ 2 248 millones indicados. Recordemos que la minería ilegal no solo procesa minerales de oro, sino también de cobre”, precisó Ortiz.

El representante del IIMP agregó que esta dificultad para cuantificar de forma precisa el impacto económico se debe a que la mayoría de transacciones asociadas a la minería ilegal ocurren fuera del sistema financiero formal, lo que complica su seguimiento y fiscalización.

Frente a este panorama, Ortiz subrayó la necesidad urgente de una reforma legal integral que permita distinguir con claridad a los pequeños mineros que cumplen con los requisitos legales de aquellos que operan en la informalidad total. Esto implicaría exigir la acreditación de derechos mineros formales.

“Es decir, de concesiones mineras o contratos de explotación, que cuenten con planes de manejo ambiental y respeten las normas laborales. De esa forma no se mantendrá el esquema actual de venta indiscriminada de explosivos, insumos químicos fiscalizados, invasión de concesiones mineras y libre comercialización de mineral ilegal”, concluyó.