El último domingo el país acudió nuevamente a las urnas para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Más allá de los resultados oficiales —que al momento de escribir esta columna aún no se conocen— lo ocurrido durante este proceso electoral deja una conclusión indiscutible: una elección como la que hemos vivido no puede volver a repetirse.

En primer lugar, un aspecto crítico es la ineficiencia observada en la entrega del material electoral, particularmente en Lima. Los retrasos y desórdenes registrados no pueden volver a ocurrir nunca más. Corresponde sancionar a todos los responsables, empezando por la ONPE, institución encargada de la organización y ejecución de los procesos electorales. Si bien la empresa contratista también tiene responsabilidad, la obligación última recae en la entidad pública, que no puede ni debe deslindar de sus funciones esenciales.

Pero los problemas vividos no son coyunturales ni de hechos aislados; evidenciamos fallas estructurales que demuestran la urgencia de una reforma política seria y responsable. Persistir en un sistema que normaliza la improvisación, la ineficiencia y reglas desfasadas de la realidad actual solo termina debilitando nuestra democracia.

Un primer punto es la absurda prohibición de difundir encuestas durante la semana previa a la elección. En un contexto de uso masivo de internet y redes sociales, esta restricción no solo resulta inútil, sino contraproducente. Lejos de informar, fomenta la especulación, los rumores y la desinformación. Se trata de una norma propia de otra época, que el actual Congreso se negó a derogar pese a su evidente anacronismo.

En segundo lugar, se requiere una revisión inmediata de la forma en la que se eligen los miembros de mesa. No resulta aceptable que personas mayores de 60 años sean obligadas a cumplir jornadas extenuantes que, en muchos casos, comienzan antes del amanecer del domingo y se prolongan hasta la madrugada del lunes. ¿Cuál es la lógica de otorgar atención preferencial a los adultos mayores de 60 y, al mismo tiempo, someterlos a este nivel de exigencia? Es indispensable definir con claridad hasta qué edad se considera razonable cumplir esta función y, sobre todo, priorizar la participación de la población joven.

Finalmente, no debemos perder de vista un problema de fondo: la excesiva complejidad del sistema electoral que el actual Congreso aprobó. Múltiples cédulas, numerosos cargos y reglas poco claras dificultan el ejercicio del voto y generan confusión. Una elección innecesariamente compleja es perniciosa para la democracia.

Si aspiramos a fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana, el camino es claro. El Perú necesita, con urgencia, una reforma política integral que modernice sus procesos electorales y los haga más razonables, eficientes y acordes con la realidad del país.