La recuperación de terrenos invadidos en la provincia de Caravelí continúa avanzando. Ante la falta de capacidad de la Municipalidad Provincial de Caravelí, la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) apoyará en esta tarea. No obstante, precisaron que los operativos de desalojo requieren del apoyo de otras instituciones, principalmente para el acceso a maquinaria pesada, combustible y recursos logísticos, los cuales no siempre están disponibles de forma inmediata.

El problema no es reciente. En febrero, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí advirtió sobre intentos de ocupación en el perímetro del aeródromo de la provincia, un área de más de 40 mil metros cuadrados declarada intangible. Incluso, se detectó la presunta oferta de estos terrenos para adjudicación a terceros, pese a las restricciones vigentes. La problemática sigue avanzando. A inicios de abril, el GRA desocupó 48 hectáreas de terrenos en los que había ocurrido usurpación agravada de predios.

Desde la Procuraduría explicaron que los operativos no pueden ejecutarse de manera inmediata, ya que requieren coordinación previa, disponibilidad de efectivos policiales y, sobre todo, maquinaria pesada, cuyo acceso depende de las entidades que solicitan la intervención. “Tenemos que coordinar con las entidades. Si la entidad pide que se recupere un terreno, también tiene que apoyarnos con la logística básica que se requiere”, señaló Augusto Retamozo Pacheco, procurador público regional del GRA.

El funcionario precisó que las municipalidades suelen tener limitaciones presupuestales y operativas. En muchos casos, cuentan con una o dos máquinas asignadas a otras labores, lo que impide su uso inmediato en desalojos y obliga a programar las intervenciones. “Puede ser que tengan una o dos máquinas y ya estén comprometidas en sus planes de trabajo. Entonces, no siempre las tienen a la mano. Pero eso no significa que no se pueda programar, sino que se tiene que hacer de forma gradual y evaluada”, indicó.

En Caravelí, el problema de invasiones también se vincula con la expansión de la minería informal en zonas aledañas, lo que incrementa la presión sobre terrenos públicos. El Ministerio Público ya advirtió a funcionarios municipales sobre posibles responsabilidades si incumplen la normativa en la administración de predios estatales. Sin embargo, la ejecución de desalojos sigue sujeta a la disponibilidad de recursos y a la coordinación entre instituciones. El uso de maquinaria pesada puede costar hasta S/ 400 por hora, lo que eleva el presupuesto de cada intervención.

Mientras se coordinan operativos y se asegura el soporte logístico, las ocupaciones continúan avanzando en zonas estratégicas de Caravelí, en un escenario donde la respuesta del Estado depende de recursos limitados y de una articulación institucional que aún no logra actuar con rapidez.