Por: Carlos Meneses

Arequipa enfrenta, una vez más, una disyuntiva que va más allá del precio del pasaje. Se trata de decidir si el transporte público seguirá siendo un servicio esencial regulado con criterios de equidad, o un mercado desordenado donde la lógica de supervivencia impone las reglas. Sin intervención oportuna del Gobierno central, el desenlace parece inevitable: un sistema más caro, más informal y menos eficiente.

El transporte público en Arequipa vuelve a evidenciar una fragilidad estructural que las autoridades han preferido administrar antes que resolver. El anuncio de los operadores del Sistema Integrado de Transporte (SIT), advirtiendo que el pasaje de S/ 1.30 ya no es sostenible, no debería sorprender a nadie: es la consecuencia directa de un modelo que depende excesivamente de variables externas, como el precio internacional del petróleo, sin mecanismos internos de amortiguación.

El problema de fondo no es únicamente el alza del diésel, sino la ausencia de una política pública coherente que proteja tanto a transportistas como a usuarios. Cuando el galón bordea entre S/ 23 y S/ 26 —con perspectivas de seguir subiendo— resulta evidente que mantener tarifas congeladas responde más a cálculos políticos que a criterios técnicos. Esa distorsión termina generando una presión acumulada que, tarde o temprano, estalla en incrementos abruptos o en la reducción del servicio.

El Estado, en este escenario, aparece como un actor reactivo y no preventivo. La posibilidad de reactivar el Fondo de Estabilización de Combustibles no debería ser una medida de emergencia, sino parte de una estrategia permanente en un país altamente dependiente de la importación de hidrocarburos. Sin embargo, la inacción prolongada ha trasladado el costo del problema a los eslabones más débiles: los transportistas formales, que operan con márgenes cada vez más estrechos, y los ciudadanos, que ven deteriorado su poder adquisitivo.

A esta crisis se suma un elemento que agrava la desigualdad del sistema: la expansión del transporte informal. Mientras las empresas formales están atadas a regulaciones, contratos y tarifas fijadas, los informales operan con total flexibilidad, ajustando precios según la demanda. El resultado es perverso: se castiga al que cumple las reglas y se premia al que las evade. En ese contexto, hablar de competencia resulta casi irónico.

La eventual liberalización de tarifas —el llamado “tránsito libre”— podría parecer una solución pragmática en el corto plazo, pero implicaría renunciar al rol regulador del Estado. Sus efectos serían inmediatos y regresivos: tarifas más altas y mayor exclusión para los sectores populares. No es una salida, sino una admisión de fracaso.